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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
No hace falta analizar los argumentos de los abogados que usurpan las funciones de la Sala de lo Constitucional, para saber que les nombraron allí para dar visos de legalidad a la dictadura que marcha a paso acelerado en nuestro país.
El 1 de mayo la Asamblea da el golpe al órgano judicial, iniciado con una destitución inconstitucional de magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República; elije después, en julio, un tercio de magistrados, con ello consolidaba el poder en el órgano superior de la Corte Suprema de Justicia.
Pero por si hubiera jueces que ejerzan con independencia sus funciones, el 30 de Agosto impuso el descabezamiento de jueces que tengan 60 años de edad o 30 de servicio.
Esto a pesar de que el artículo 133 dice claramente: “Tienen exclusivamente iniciativa de ley… 3º. La Corte Suprema de Justicia en materias relativas al órgano judicial, al ejercicio del notariado y la abogacía y a la jurisdicción y competencia de los tribunales”
Así, la mayoría oficialista de la asamblea legislativa elimina no solo a jueces con experiencia, sino que también a la independencia judicial.
Y para mostrar que el líder del grupo que ejerce la dictadura es quien manda y sigue mandando, la Sala de lo Constitucional, contra toda disposición clara en el texto constitucional, el 3 de septiembre, sin que nadie se lo pidiera, ordena al TSE a que inscriba a Bukele como candidato presidencial para una reelección en 2024.
El sábado 4 de septiembre, la mayoría del TSE comunica que cumplirá la resolución dada la noche anterior.
Quién puede engañarse que estamos en presencia de una dictadura?
El artículo 88 de la Constitución dice expresamente: “La alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la república es indispensable para el mantenimiento de la forma gobierno y el sistema político establecidos. La violación de esta norma obliga a la insurrección”, y ni siquiera en la propuesta de cambio que ellos mismos han formulado tienen un cambio en estas tres líneas de fondo.
En la medida que hay rechazo popular al Bitcoin, al alza de precios por la falta de empleo y crecen los reclamos por promesas incumplidas, el respaldo al presidente decae de manera importante; frente a ese signo de evidente desgaste, la dictadura afila sus dientes, anunciando más soldados con fusiles y afirmando la continuidad en el cargo.
Si miramos este paso en la destrucción de la joven democracia construida con sacrificio del pueblo, con tolerancia entre las fuerzas con ideas distintas y hasta contrapuestas, debemos tomar conciencia de que esa destrucción constituye un retroceso de grandes dimensiones en todos los campos de la vida de la gente y que no podemos simplemente quedarnos a contemplar los destrozos que se hacen.
Los seguidores de la dictadura intentan justificar las acciones violatorias de la Constitución en la frase de que es la soberanía, que es lo que el pueblo quiere; falso, son argumentos serviles mientras creen que se benefician y se seguirán beneficiando de este tipo de régimen político.
Pero hay que recordarles el texto completo del artículo 83 que dice claramente: “El Salvador es un Estado soberano. La soberanía reside en el pueblo, que la ejerce en la forma prescrita y dentro de los límites de esta Constitución”
No es la soberanía popular, la voluntad de los fanáticos de la dictadura y eso entraña un desafío para las y los salvadoreños que queremos que exista libertad, que existan instituciones que garanticen el respeto a los derechos de todos, que desaparezcan las amenazas por tener libertad de pensar y de expresarse y de asociarse y de pertenecer a un partido, a una religión.
Es todo esto lo que ya está perdiéndose con los pasos dados por Bukele y su grupo en golpes sucesivos, como los dados el 6 de febrero de 2020, el 1 de mayo, con las destituciones ilegales, con la ley Alabí para legalizar la corrupción, con la ley del bitcoin para asegurar la protección de probables fondos obtenidos de manera ilegal y que podrían convertir al país en territorio controlado por mafias.
Faltan golpes, unos visibles y otros menos perceptibles, como la intimidación de funcionarios, de profesionales, como la preparación del fraude electoral.
Pero lo más importante es que faltan los pasos nuestros, los del pueblo para resistir, denunciar, desnudar y derrotar la dictadura; si abrimos los ojos y pensamos en defender el futuro, debemos disponernos a luchar, a dar los pasos necesarios para que los artículos 83 y 88 de la Constitución de la República cobren sentido en beneficio de una sociedad democrática, justa y en lucha permanente por el bienestar de las mayorías.
