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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Recientemente, el congreso hondureño, a petición del presidente saliente, Juan Orlando Hernández, ratificó el tratado de límites marítimos que suscribió en octubre de 2021 con Nicaragua, donde participó El Salvador, para tratar el tema de las delimitaciones en el Golfo de Fonseca. El Salvador por su parte, ha rechazado dicho tratado por considerar que los límites deben establecerse en conjunto de los 3 países, tal como lo mandata la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 1992.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, justificó el tratado con la resolución emitida por la CIJ en 1992 donde según, a Honduras le corresponde salida al Océano Pacífico. Y que luego de varios años de diálogo con Nicaragua, se acordó que a partir de las 3,68 millas serán derecho reconocido de Honduras.
En ese fallo de 1992, la CIJ dijo que Honduras tiene derechos legales en las aguas del Golfo hasta la línea de cierre, fuera del Golfo, la Sala de la Corte Internacional de Justicia observó para ese caso, debían intervenir otros conceptos de derecho internacional. Entonces, dejó la división a mutuo acuerdo; es decir, se dejó a los tres Estados que hicieran la tarea de ponerse de acuerdo sobre sus límites, que hasta apenas una semana no estaba materializado.
Habrá recordar que el 27 de octubre del año pasado, Honduras y Nicaragua acordaron definir sus límites fronterizos en el mar caribe y por supuesto en el Golfo de Fonseca, dicho acuerdo se nombró “Tratado Integracionista del Bicentenario”, el cual no fue parte El Salvador.
El Salvador pelea la soberanía de algunas islas en el Golfo de Fonseca que han estado en disputa sobre todo con Honduras desde hace ya 30 años si se centra en la resolución de la CIJ; en ese periodo, diferentes presidentes de los Estados intentaron construir un proceso de diálogo.
Los gobiernos de El Salvador, Honduras y Nicaragua tomaron a consideración para supuestamente declarar al Golfo de Fonseca como “una zona de paz, desarrollo sostenible y seguridad”, justamente en octubre de 2007, los presidentes de esos países en ese entonces, Elías Antonio Saca, José Manuel Zelaya Rosales y Daniel Ortega, respectivamente, firmaron en Managua, Nicaragua, una declaración, donde acordaron “iniciar” una colaboración para poder “abordar y resolver” los temas que tenían que ver con el Golfo de Fonseca.
Entre esos acuerdos estuvieron garantizar que el Golfo se convirtiera “para los tres países”, en zona de paz, seguridad y desarrollo sostenible, realización de programas y proyectos conjuntos que redujeran la vulnerabilidad de los ecosistemas y poblaciones, además del aprovechamiento sostenible “justo y solidario”, de los recursos naturales, el turismo, el fortalecimiento de gobiernos locales, la pesca artesanal, la acuicultura, entre otros.
5 años más tarde, en marzo de 2012, en San Salvador, los jefes de Estados “iban a profundizar más el diálogo y la cooperación”, por ello sostuvieron una reunión trilateral para el relanzamiento de la declaración de Managua (explicada en el párrafo anterior), por tal, acordaron nuevos lineamientos sobre el área del Golfo de Fonseca, entre ellos se destacaron: reactivar comisiones presidenciales para llevar a cabo los acuerdos en las declaraciones, solicitarles informes para la puesta en marcha de un supuesto plan de desarrollo sostenible para beneficio de las comunidades en el área del Golfo de Fonseca. Realizar programas y proyectos que redujeran la vulnerabilidad de los ecosistemas y de los recursos pesqueros, entre otros aspectos de índole económico para los 3 países.
En diciembre de ese mismo año, los presidentes de las referidas naciones emitieron una declaración conjunta, donde acordaron: “construir una comisión trinacional con la finalidad de mantener al Golfo de Fonseca como una zona de paz, desarrollo sostenible y seguridad”, el cual, estaría presidida por los cancilleres de los países quienes revisarían el estado de cumplimiento de la ejecución de la sentencia de la CIJ (1992), que concluyó que el Golfo debía ser manejado por los tres países.
El informe de dicha comisión fue presentando y aprobado por los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega; de El Salvador, Mauricio Funes; y de Honduras, Porfirio Lobo, el 8 de mayo de 2013, en él, se aseguró “encuentros” entre cancilleres para la revisión del estado del cumplimiento de la sentencia de la CIJ en materia como derechos humanos, derechos adquiridos de la propiedad y la situación del Golfo de Fonseca.
Desde entonces, funcionarios de los Gobiernos se han reunido en raras ocasiones para tratar los temas, pero sin grandes acuerdos. Sin embargo, el presidente hondureño y el nicaragüense se adelantaron al firmar el tratado y definir de forma sorpresiva sus límites.
Honduras se atribuyó sin el consentimiento de El Salvador la famosa “Isla Conejo”, un pequeño pedazo de tierra que Honduras (según la versión salvadoreña) usurpó incluso con efectivos militares. De hecho, en noviembre de 2013, el Gobierno de El Salvador mandó una carta al secretario general de las Naciones Unidas para informar sobre un presunto fortalecimiento militar de Honduras en la zona del Golfo de Fonseca, que afectó “directamente la libre circulación de pescadores salvadoreños, en plena violación de sus derechos humanos y de manera especial de su derecho al trabajo”.
Sobre esa Isla, El Salvador expresó que el estatus jurídico es territorio salvadoreño y que además “no fue afectado por la sentencia de la CIJ de 1992”, por lo que pidió su soberanía.
En el 2022, la Presidencia de Honduras informó que a través de un comunicado (con fecha 13 de diciembre de 2021), El Salvador rechazó el “Tratado Bicentenario” firmado entre los presidentes de Honduras y Nicaragua, que ratificó la sentencia final de la CIJ para definir sus fronteras en el Golfo de Fonseca.
El Gobierno de El Salvador rechazó el Tratado, puesto que, “cualquier delimitación de las áreas pertinentes, (en concreto), en el Golfo de Fonseca y las aguas afueras de mismo, ha de ser efectuada por los tres Estados conforme un acuerdo de derecho internacional”, dice el escrito.
Por su parte, el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, concluyó que “El Salvador aún no acepta la Sentencia Final de La Haya (la de la CIJ), que ratifica el derecho de Honduras de salida al Pacífico, hasta rechaza el tratado HN-Nicaragua que acepta la sentencia de La Haya”.
