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Representantes de UNES señalan que el país es vulnerable a fenómenos naturales, lo que ha quedado demostrado con la depresión tropical de los íntimos días. En la imagen, cárcava que afecta a habitantes de la residencial Santa Lucía, en Ilopango. Foto Diario Co Latino/Ludwin Vanegas

El Estado debe implementar acciones para evaluar la vulnerabilidad y el riesgo

Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino

Luis González ambientalista y jurídico de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) afirmó: “estos dos días de lluvias por la depresión tropical han mostrado la vulnerabilidad que se vive en El Salvador”, al reaccionar sobre la situación de miles de salvadoreños que han perdido sus viviendas o la vida, por las inundaciones de los últimos días en el territorio nacional.

“Ni siquiera hemos llegado a la cantidad de agua que causó mayores desastres como la Tormenta 12-E, que colapsó completamente el país, cuando cayó en unos días la cantidad de lluvia que cae regularmente en la estación de lluviosa”, recordó González.

El reporte en firme de seis muertos y un desaparecido por las lluvias es preocupante, agregó el ambientalista, al considerar que toda esta situación solo demostraba que no “estaban  generando resiliencia”, por lo que llamó al Gobierno a buscar también medidas de adaptación al cambio climático.

“Si sabemos que todos los años tenemos  puntos de inundación, entonces ¿cómo nos adaptamos a esta realidad? bueno o movemos a las familias de esos lugares,  porque son inseguros o generamos obras de mitigación para enfrentar esos daños. A veces son soluciones sencillas como cuidar la cuenca hidrográfica, restaurar el bosque de galería que permita que no haya inundaciones y se forme como barrera protectora,  entre el río y las comunidades. Y esto no se esta haciendo por lo visto”, agregó.

Sobre la situación de riesgo en las ciudades, González explicó que la zona en donde se encuentran los municipios de Ilopango y Soyapango, que están reconocidas como zonas de alta en vulnerabilidad por los suelos que son muy porosos y erosionables, entonces prohibir la construcción de más urbanizaciones es una solución.

“Sabemos que son zonas vulnerables y permiten que incursionen urbanizadoras  y  permiten que sigan desarrollándose proyectos de centros comerciales. Como esta ocurriendo en Apopa-Nejapa. Sin tomar en cuenta que son suelos volcánicos, que hay mucha ceniza, que se conoce como la tierra blanca, en la cual no se puede construir”, dijo.

Este tipo de permisos ambientales, opinó González, deja espacios para ciertos proyectos que solo van a generar beneficios económicos a un sector poblacional y minoritario; estos  permisos ambientales y  municipales muchas veces se otorgan sin un enfoque a futuro, de ahí la necesidad de contar con un ejercicio transparente y sin sesgos mercantiles. “Dan un permiso de estos y entonces ¿qué tenemos?, cárcavas como la residencial en Ilopango (Santa Lucía), que dicen van a invertir muchos millones de dólares en repararlas, al final estas reparaciones salen de los bolsillos del público, de los impuestos. Cuando lo adecuado era no haber permitido el desarrollo de ese proyecto, es decir, cuando del fondo tenemos que quien generó el peligro en la zona es una empresa urbanística que desarrolló un mal proyecto, a esa empresa se le debería multar para pagar las reparaciones”, acotó.

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