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Por David Alfaro
El Ministerio de Economía presentó en la Asamblea una reforma al Código Municipal que quita a las alcaldías la facultad de inscribir a las asociaciones comunales y la traslada al CNR, donde se creará una oficina especial bajo control del Ejecutivo. Esta reforma también impone nuevos requisitos y una vigilancia más estricta sobre las organizaciones comunitarias, incluidas las ADESCOS.
En otras palabras, la dictadura busca tener en sus manos a las asociaciones que históricamente han gestionado pozos de agua, manantiales y proyectos locales sin depender del gobierno central. Al dictador no le agrada que las comunidades se organicen, reparen sus calles o administren recursos como los acuíferos sin pedir permiso.
El resultado es claro: menos autonomía para las comunidades y más poder concentrado en el Ejecutivo, en un país donde cualquier espacio de organización independiente es visto como una amenaza.
