Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
El abogado constitucionalista y férreo crítico al Gobierno de Bukele, Enrique Anaya, fue detenido y señalado de supuesto lavado de dinero. Su detención se da en una escalonada persecución contra defensores de derechos humanos y voces críticas del Gobierno.
Anaya es abogado constitucionalista y ha criticado públicamente arbitrariedades y violaciones de derechos por parte del Gobierno de Nayib Bukele. De hecho, el pasado 3 de junio en el programa de entrevista matutino Frente a Frente, Anaya criticó el accionar del Gobierno contra la defensora de DDHH, Ruth Eleonora López y consideró que toda voz crítica “se va preso”.
«Aquí el que hable, el que critique, el que no se arrodille ante el ídolo, se va preso. Por supuesto que tengo miedo. Cualquier persona acá, que nos atrevemos a hablar, hablamos con miedo, hablamos con temor, porque la Fiscalía es una fábrica de tamales”, dijo Anaya. Cinco días después, fue detenido acusado de supuesto lavado de dinero.
A juicio del abogado defensor, Jaime Quintanilla, el caso de Anaya “es una copia” del caso de Ruth Eleonora López, defensora de derechos humanos quien recientemente fue enviada a detención provisional por seis meses con instrucción formal por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito. “Es una copia de eso. Esa es mi impresión. Espero estar equivocado. Pero es una copia de eso”, insistió.
Quintanilla informó que Anaya, en sus redes sociales, denunciaba el accionar de las autoridades y “se sentía acosado”, pues “había unos expedientes que se estaban manejando en la Sección de Investigación Profesional (de la CSJ). En eso participé con el otro colega y afortunadamente todo se pudo aclarar, pero de ahí, para que la fiscalía tenga eso (acusación de lavado de dinero), no sé ni de dónde lo ha sacado”.
A juicio de Quintanilla, este caso debe ser “una cuestión fiscal”, ya que “este tema no sale así no más, no es una cuestión de bancos. Enrique, en ese sentido, es muy ordenado, tiene una empresa, tiene una contabilidad, paga sus impuestos, hace sus declaraciones; una persona fiscalmente solvente y moralmente solvente”.
El abogado pidió a las autoridades que respeten su vida y su dignidad. “Yo lo exijo desde ya porque, el no recibir su tratamiento diario, eso va a repercutir en una situación delicada en su salud y se puede descompensar. Así que yo le pido a las autoridades y que Dios nos ayude con la situación”.
Anaya: “una figura clave en la defensa de la institucionalidad democrática”
La Fundación Cristosal exigió a las autoridades a apegarse a la Constitución de la República y que se garanticen los derechos y las garantías procesales de Anaya.
Anaya “ha sido una figura clave” en la defensa de la institucionalidad democrática y el orden constitucional. Desde su experiencia como jurista ha presentado demandas ante instancias nacionales e internacionales, cuestionando leyes adoptadas por la actual Asamblea Legislativa y resoluciones que vulneran principios fundamentales, comentó CRISTOSAL.
A través de artículos, entrevistas y foros públicos, ha sido una voz crítica frente al autoritarismo y la concentración de poder. También, Anaya denunció irregularidades en la detención de la defensora de derechos humanos, Ruth López, así como en la resolución judicial que ordenó mantenerla en detención provisional. Señaló públicamente la violación de garantías básicas como el derecho a defensa, el acceso a la información y el respeto al debido proceso.
Captura de Anaya se enmarca “en un patrón preocupante de detenciones
También, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC), donde Anaya es miembro, expresó su preocupación y condenó “la detención arbitraria”. “Anaya Barraza es miembro de nuestro Instituto, que agrupa a las y los constitucionalistas de Iberoamérica con la misión de investigar, promover y defender los valores de la democracia constitucional”.
Según comentó el instituto, “a lo largo de su trayectoria, Anaya Barraza ha denunciado de manera consistente las violaciones de derechos humanos que se están produciendo en El Salvador, especialmente mediante detenciones arbitrarias y otras formas de represión”.
La privación de libertad de Anaya, dijo el instituto, se enmarca “en un patrón preocupante de detenciones y hostigamiento contra quienes ejercen legítimamente su labor de defensa y promoción de los derechos humanos”.
El Instituto recordó que el Estado de Derecho exige la estricta sujeción de las autoridades a la Constitución y a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. “La detención arbitraria de Enrique Anaya, sin base legal ni respeto al debido proceso, constituye una grave violación de estos principios, así como de la libertad de expresión, y debe ser rechazada categóricamente”.
El IIDC hizo un llamado a las autoridades de El Salvador para que procedan a su inmediata liberación y pongan fin a la criminalización de la defensa de los derechos fundamentales.
Asimismo, el IIDC anunció que presentará una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Carta Democrática Interamericana.
Oposición legislativa condena detención de Anaya
La diputada de ARENA, Marcela Villatoro, planteó que la detención del abogado “marca un precedente delicado”, ya que no es un político ni activista, sino “un jurista independiente que ha señalado con fundamentos legales decisiones cuestionables”.
“Capturarlo en su residencia, sin claridad pública de los hechos, genera inquietud. Más aún cuando semanas antes había señalado irregularidades en otro proceso sensible. Espero que el caso se maneje con absoluta transparencia y sin instrumentalizar la ley. La crítica jurídica no puede convertirse en delito”, puntualizó.
Francisco Lira, también diputado de ARENA, manifestó su preocupación y alarma por la captura impulsada por el gobierno. “Se debe respetar su integridad y garantizar un juicio justo, transparente y con todas las garantías judiciales. La justicia no puede seguir siendo utilizada como un instrumento de persecución o castigo contra quienes se atreven a cuestionar al poder”, cuestionó Lira.
