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Redacción Nacionales
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Organizaciones sociales y comunitarias denunciaron la imposición violenta de un proyecto de botadero de basura en la comunidad San Francisco Angulo, ubicada en el municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente.
El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) y el Movimiento por la Defensa de la Tierra de Tecoluca alertaron sobre graves violaciones a derechos humanos, daños ambientales y la profanación de un sitio vinculado a masacres ocurridas durante el conflicto armado salvadoreño.
Según el comunicado difundido por ambas organizaciones, representantes de la empresa CYEEMSAL habrían advertido a la comunidad que el ingreso de maquinaria pesada se realizará con acompañamiento de la Policía Nacional Civil, pese al rechazo expreso de la población.
Para las organizaciones, esta acción constituye un escenario de intimidación colectiva y criminalización de la defensa del territorio, así como un uso ilegítimo de la fuerza pública para favorecer intereses privados.
Uno de los señalamientos más graves es que el terreno donde se pretende instalar el botadero está documentado oficialmente como un sitio de masacre. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), en el expediente SV-0064-2017, estableció que en el área existen restos humanos y que las investigaciones fiscales aún no han concluido. La institución advirtió que ejecutar un relleno sanitario en ese lugar representa una afrenta a las víctimas de crímenes de lesa humanidad y vulnera el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
La PDDH emitió medidas cautelares que incluyen la suspensión de obras, la prohibición de intervenciones que impidan la recuperación de osamentas y la protección integral del sitio.
Además, las organizaciones informaron que ya fue presentada una nueva solicitud de medidas cautelares ambientales para frenar cualquier trabajo de terracería, cercado o intervención física mientras se evalúan los riesgos sociales, ambientales y de derechos humanos.
Otro punto clave de la denuncia es que los terrenos no serían propiedad de la empresa ni de la asociación promotora del proyecto, la Asociación de Municipios de los Nonualcos (AMUNON), sino de personas particulares. Cualquier intento de cercar el área, sostienen, busca crear una posesión de hecho y constituye un acto de usurpación agravado por el uso de fuerza pública.
El proyecto también es señalado por la ausencia de consulta previa, libre e informada, y por el riesgo de contaminar el río Salamar, fuente de agua para consumo humano. La comunidad ya enfrenta, según el comunicado, un grave deterioro ambiental debido al vertido de aguas negras provenientes del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), con afectaciones a cultivos, ganado y fuentes de agua.
Las organizaciones exigieron la suspensión inmediata del proyecto, el respeto a la decisión comunitaria y la protección del sitio como espacio de memoria histórica. Asimismo, advirtieron que cualquier agresión será documentada y denunciada, reiterando que “la memoria no se cerca”.
