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Representantes de diferentes organizaciones sociales entregaron una petición para que se reconozca el derecho humano al agua y el saneamiento en la Constitución de la República. Foto Diario Co Latino/ Ricardo Chicas Segura.

El bien público del agua, punto no negociable de la ley: ANCPA

Yanuario Gómez
Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

“El agua es un bien común, vital, finito y vulnerable”, afirmaron representantes de la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua (ANCPA), quienes presentaron un análisis sobre la institucionalidad del ente rector.

Además, reiteraron su rechazo enérgico contra cualquier acción o marco jurídico proveniente de la ANEP o la derecha en general.

Marchas sindicales, conversatorios de ambientalistas y presentación de propuestas de reforma a la Constitución de la República para garantizar el derecho al agua, marcó la jornada de la sociedad civil organizada, trabajadores, la Iglesia Católica y la academia.

Sin quitar el dedo del renglón, las organizaciones que integran la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua se reunieron con periodistas para despejar dudas de los argumentos que esgrime la derecha en defensa de su anteproyecto jurídico “Ley Integral de Agua”, que apoyan los partidos ARENA, PCN, PDC y GANA.

Rodolfo Calles, de CRIPDES, afirmó que desde el 5 de junio la derecha quiso sorprender con una propuesta eminentemente privatizadora y que se enmarca en la Constitución y administración del ente rector del vital líquido.

“Sin participación ciudadana la gestión sustentable del agua no será equitativa y esto es un compromiso del Estado. Porque el agua es un elemento natural cuya valoración económica no puede estar encima de los beneficios sociales”, explicó.

Entre los puntos que consideraron no negociables de la Ley General del Agua, además, que debe ser un bien público, está la garantía del derecho humano al agua y saneamiento, la gestión pública con la participación de la sociedad, la gestión sustentable de las cuencas hidrográficas y un régimen económico y financiero justo y equitativo.

La presión social que ha unido a organizaciones, sindicatos y la Iglesia Católica, ha marcado un hito histórico en la defensa del agua, argumentó Luis González de la UNES, quien lamentó la decisión unilateral de ARENA de excluir los 92 artículos ya consensuados del documento presentado por las organizaciones ambientales.

“La propuesta privatizadora que ha presentado la ANEP a las Juntas de Agua, que suman las 2 mil 225 que se encargan de servir el 25 o 35% del agua a la población salvadoreña en situaciones de difícil acceso al recurso vital, pretenden meterlas junto a municipalidades y otras empresas, como si fueran entidades privadas, a las que van a imponerles una cuota de pago, pese a que ellas ya pagan caro el bombeo, el cloro y mantenimiento de cañerías, eso es injusto”, manifestó.

Mientras, los sindicatos aglutinados en la Confederación Sindical de Trabajadores de El Salvador (CSTS) marcharon por las principales calles de San Salvador, exigiéndole a la ANEP su salida inmediata de la discusión de la Ley General del Agua (LGA).

Reforma constitucional

Entre los que acudieron a la Asamblea están las organizaciones sociales y ambientalistas que conforman el colectivo “Cuidemos la Casa de Todos” para solicitar reformas a la Constitución de la República con el fin de garantizar el derecho humano al agua y saneamiento. La modificación se haría al artículo 2 de la Carta Magna, el cual contiene los derechos fundamentales de la persona.

Los proponentes de la iniciativa expusieron que al modificar el artículo antes mencionado se elimina cualquier tipo de amenaza de privatización del recurso hídrico.

“Lo que buscamos es que se reconozca el derecho humano al agua y al saneamiento en la Constitución de la República, ya que este es un derecho fundamental para la preservación de la vida, sabiendo que el fin primordial del Estado es la persona, por ello proponemos que a partir de la modificación a la Carta Magna, todas las leyes y políticas que se aprueben tengan a la base la participación ciudadana”, dijo Danilo Pérez, del Centro para la Defensa del Consumidor.

Los miembros del colectivo socioambiental también solicitaron que la ley que se apruebe en el congreso salvadoreño tenga enfoque público y que no contenga vicio alguno que posibilite la privatización del recurso hídrico.

En lo referente a la Ley Integral del Agua, proyecto base del estudio de la legislación que tiene como finalidad tutelar todo lo referente al vital líquido, los solicitantes de la reforma constitucional consideraron que los diputados deben retomar el anteproyecto de Ley General de Aguas, los 92 artículos trabajados en la legislatura 2009-2012 y la conformación de institucionalidad contenida en esa iniciativa.

La pieza de correspondencia recibió iniciativa de ley por medio de las firmas de diputados del FMLN y CD, quienes consideraron que la reforma es novedosa, ya que contempla el tema del saneamiento y la garantía de que el recurso hídrico, además de ser un derecho humano fundamental, es un bien público.

“Los conceptos contenidos en la reforma solicitada son importantes, ya que agrega el tema del saneamiento como derecho y la garantía de que todo tipo de ley o reglamento debe considerar que el agua es un bien público y que el ente rector debe ser el Estado”, afirmó Nidia Díaz, coordinadora de la fracción legislativa del FMLN.

La parlamentaria consideró que por parte de la Asamblea Legislativa se debe dar un paso para apoyar estas iniciativas y apartar del estudio la Ley Integral del Agua y los artículos ya aprobados de la misma por tener carácter privatizador y retomar el anteproyecto de Ley General de Aguas y los 92 artículos, consensuados en las legislaturas pasadas.

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