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José M. Tojeira
La lucha por el agua se ha convertido en El Salvador en un tema clave. El problema se ha venido acrecentando por la larga inacción de los gobiernos, despreocupados e ineficientes, que no trabajaron en la construcción de la infraestructura de recolección y mantenimiento adecuado de los acuíferos, necesaria para poder dar un buen servicio a la población.
El agua se consideró más, desde una visión sumamente miope, como un bien explotable privadamente que como un derecho humano. La fuerte densidad de población salvadoreña, la rápida urbanización, los procesos de desertización, el calentamiento global que supone en los trópicos tanto sequías más largas como tormentas más destructivas, va haciendo más urgente resolver las perezas, irresponsabilidades e ineficiencias del pasado.
La actual Asamblea, con su deseo de novedad y rechazo del pasado, no solo ha desechado lo que ya se había avanzado en debates anteriores, sino que parece estar improvisando en un tema en el que nos jugamos salud y estabilidad social. El pragmatismo de algunos diputados ha llevado a desoír reclamos serios respecto al acceso al agua que responden a criterios básicos de Derechos Humanos. En efecto, el agua no es un bien comercial sino primero y prioritariamente un derecho de la gente. Y no basta reconocerlo textualmente, sino que es necesario que cualquiera que sea la redacción de la ley, se condicione el uso comercial al avance rápido y eficaz en el servicio.
En el campo de los derechos humanos se suele repetir que el derecho al agua debe garantizar universalmente un suministro suficiente para cada persona, que la Organización Mundial de la Salud estipula entre cincuenta y cien litros por persona y día.
El agua debe ser saludable, sin ningún tipo de contaminación, y accesible. El Salvador tiene una pluviosidad anual suficiente para, si se tiene la adecuada infraestructura, garantizar el acceso al agua en todas y cada una de las viviendas del país. Y el costo del agua no debe sobrepasar el 3% del ingreso familiar de los usuarios.
Sin embargo, en la ley todavía en construcción, el peso excesivo de las concesiones a empresas privadas, puede poner en riesgo el derecho humano al agua. Conceder durante 15 años la extracción de mil metros cúbicos de agua por día a concesionarios particulares, da una preferencia al capital y el negocio sobre los derechos de las personas.
La “seguridad jurídica” empresarial invocada para subir de cinco a quince años las concesiones, parte, en el fondo, o bien del desconocimiento de las necesidades, precariedades y dificultades de mucha gente para tener un acceso al agua digno de sus derechos humanos, o bien de la idea equivocada de que el capital tiene más derechos que las personas. El Salvador, aunque rico en el recurso de lluvias, no ha puesto adecuadamente ese recurso a favor de la ciudadanía. Los políticos se han preocupado las más de las veces, por suministrar agua a la exigua clase media estable del país. Los pobres o los no pobres vulnerables, que juntos constituyen la gran mayoría de la población, se ven con frecuencia en aprietos para disfrutar del servicio adecuado. Y eso que El Salvador tiene el suficiente recurso pluvial como para ofrecer un servicio de agua a todos.
La propuesta de la Iglesia, rechazada tanto en la anterior Asamblea como en la actual, estipulaba que el servicio de agua para consumo y saneamiento debía brindarse a toda la población y que debía manejarse sin fines de lucro. Cuando se le da una concesión exagerada a quien desea comerciar con el agua, el lucro se vuelve el motor del uso del agua. Y eso no hace más que golpear un derecho humano que cada vez será más importante en el país.
