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El Acuerdo de Paz, 28 años después

Este jueves 16 de enero se cumplieron 28 años del firma del Acuerdo de Paz, realizado en el Castillo de Chapultepec, México, con el que se le puso fin, oficialmente hablando, a doce años de guerra civil abierta; pero a más de veinte años de enfrentamiento social y armado.

A la hora de redactar este editorial, de parte del Gobierno se desconocía si lo iba o no a conmemorar, lo cual, por supuesto, es de lamentar.

Y es de lamentar porque gracias a esa guerra civil, y con la firma de la paz, se inicia en El Salvador un proceso democrático que no acaba de madurar, pero que transformó al país en varios aspectos fundamentales, sin que esto signifique que no aceptemos que se quedó corto; no obstante, logró lo que la realidad política y social permitía en aquel momento.

Debemos celebrar que con esa guerra y la firma de la paz se terminó con una oprobiosa dictadura militar, iniciada con el golpe de Estado de 1932, que cerró espacios democráticos, como los procesos electorales transparentes y seguros, y hubo una cruel violación de los derechos humanos de la población en general y de los opositores en particular.

En nombre de la democracia, la dictadura militar que estaba al servicio de la oligarquía y de los interese de los Estados Unidos, se prohibió la pluralidad ideológica y política. Por eso, quienes se declararon demócrata cristianos, socialistas y comunistas fueron perseguidos.

Quienes se identificaban como socialistas o comunistas fueron asesinados o desaparecidos, y los que corrían con mejor suerte iban a parar a las cárceles o al exilio.

El Salvador, pues, con la firma de la paz entró en un nuevo proceso en el que se permitió la convivencia de todas las corrientes políticas e ideologías, y se superaron las violaciones a los derechos humanos como una política de Estado para someter o eliminar a la oposición.

La firma de la paz permitió crear nuevas instituciones y reformas a otras, para garantizar la institucionalidad y garantizar las libertades individuales y colectivas.

Hubo importantes cambios a la Constitución, se creó una nueva policía nacional y se eliminaron los antiguos cuerpos represivos, que algunas voces quisieran revivir, como si eso fuera la receta para combatir la delincuencia del momento.

Se creó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Consejo Nacional de la Judicatura y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), entre otras.

Se modificó la Corte Suprema de Justicia, que incluyó el 6 % del presupuesto General de la Nación.

Y tantos otros ejemplos que hoy podemos citar, y que son por los que hoy debemos celebrar, y por los que debemos velar, porque están en peligro.

Sí, algunos logros de los Acuerdos de Paz están en peligro, como los abusos de poder, la intolerancia y los linchamientos políticos desde las redes sociales desde el poder político. Esto -por supuesto- puede contrarrestarse con información y respuestas serias y a tiempo, pero, sobre todo, sin miedo.

Hoy, muchos no disienten públicamente porque tienen miedo que una aplanadora de troles les ataque, o por temor a represalias del poder político.

Si el pueblo se deja sumir en el miedo, le dará paso al autoritarismo de Estado y, si el autoritarismo gana espacio, lo pierde la todavía débil democracia salvadoreña.

Debemos luchar contra el autoritarismo, porque si este gana espacio, se le abre camino a la dictadura de nuevo tipo, y si la dictadura se instala nuevamente en el país, los espacios democráticos que hoy tenemos podrían cerrarse.

Por lo anterior, debe preocuparnos las degeneraciones en la que está cayendo la Fiscalía General de la República, cuando ha convertido los casos judiciales en “shows políticos”, y ha hecho del criteriado el aliado ideal para combatir casos reales e irreales delictivos.

Y lo más preocupante de la fiscalía es que está dando señales de estarse prestando en casos de persecución política, como los casos más recientes.

La comunidad jurídica -en particular- y la política en general, así como la academia, debe intervenir para evitar que la fiscalía se convierta en un ente para la judicialización de la política. Los 28 años de la firma del Acuerdo de Paz nos lo faculta como ciudadanos defensores de la paz y la democracia.

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