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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“El salario mínimo de los últimos 4 años ha sido del 25%, entonces, un aumento del 12% ni siquiera llega a la mitad de lo que ha perdido de capacidad adquisitiva la clase trabajadora”, señaló la economista Julia Evelyn Martínez.
“En mi opinión muy personal es una medida populista que trata que la clase trabajadora y otros sectores sociales se distraigan con este debate del salario mínimo y que, además, es una medida a todas luces ilegal”, indicó en reacción al anuncio presidencial sobre el tema.
El pasado 25 de abril, en su cuenta de X, el presidente Nayib Bukele anunció el envío de una propuesta al Consejo Nacional del Salario Mínimo, para el aumento del 12% al salario mínimo, el cual no había sido actualizado desde el 2021, cuando se registró un aumento del 20%, que contrasta con el salario mínimo de la región que han registrado hasta un 43% de aumento.
Sobre la “ilegalidad” de la propuesta presidencial, Martínez explicó que el proceso para determinar el aumento al salario mínimo le compete al Consejo Nacional del Salario Mínimo, que preside el ministro de Trabajo, y es quien debe convocar a las partes interesadas, según establece la Ley del Salario Mínimo.
“En esas reuniones las diferentes propuestas son discutidas a la base de dos criterios, la primera es por el costo de la vida y, el segundo, es la capacidad de las empresas en el crecimiento de la productividad laboral en los últimos años, y si van a tener o no la capacidad de afrontar ese incremento salarial”, indicó.
“Hasta el momento no se ha discutido en el seno del Consejo Nacional del Salario Mínimo el aumento del costo de la vida y el desarrollo o evolución de la productividad del trabajo. Y ya se da por hecho que se va aplicar ese incremento al salario mínimo cuando no se ha seguido el procedimiento de la misma ley”, reiteró Martínez.
Existe consenso por un 25% del salario mínimo
Sobre el costo de la vida en El Salvador, la economista citó cifras del Banco Central de Reserva (BAC), que registraron un aumento que asciende a $520 dólares para una familia de 2 personas adultas y un menor de edad. Por lo que considera que la propuestas de sindicatos y organizaciones sociales de un aumento de $500 dólares se puede retomar como “punto de encuentro” entre el sector público, privado y laboral sobre este consenso.
“Y ahora aparece la presidencia que en términos coloquiales salvadoreños -no tiene vela en el entierro-, para anunciar que va a aumentar el salario mínimo con un 12%, cuando él no tiene esa facultad, sino el Consejo del Salario Mínimo”, argumentó.
“Y habrá que esperar que el presidente Bukele, y ante todo, por la caída de popularidad que están mostrando las encuestas, porque ha perdido 20 puntos en su popularidad. También a nivel internacional está en grandes problemas por el envío y recepción de reos provenientes de Estados Unidos”, expresó Martínez.
Productividad laboral y ganancias de empresas
En cuanto a la productividad laboral, agregó la economista, el Consejo Nacional del Salario Mínimo también debe analizar y obtener en términos claros, la productividad de los trabajadores en las ganancias a la clase empresarial, para deducir el aumento salarial.
“Estas son variables que las tienen el Ministerio de Hacienda, el Banco Central de Reserva, quienes pueden ver cómo se ha comportado esa productividad laboral y a la base de eso establecer entre sí queda entre 20 o 25% del aumento salarial o se deja en el 25%”, indicó.
Asimismo, señaló que la población que recibe el salario mínimo sería de al menos un 30%, citando el último censo de 2024 del Banco Central de Reserva, que documentó que el 70% de la población que está ocupada económicamente se encuentra en el sector informal (7 de cada 10′ personas), y que en ese sector no aplica el salario mínimo ni otras prestaciones del Código de Trabajo. Y sólo será un 20% de la población económicamente activa ocupada formalmente quienes reciban el aumento salarial.
“Hay que tener en cuenta también, para no caer en interpretaciones catastróficas, que las empresas van a quebrar, y que ya no habrá inversión en El Salvador. Cuando no ha habido inversión en el país, en los últimos 4 años ha sido el país de Centroamérica y el Caribe que menos inversión extranjera directa ha tenido”, aclaró Martínez.
Respetar procesos y liberar el IVA a productos de la CBA
Oscar Cabrera, economista presidente de FUDECEM, opinó que el aumento salarial era necesario “dado el incremento en el costo que ha erosionado el poder adquisitivo de los hogares”, pero se debe respetar la institucionalidad de lo que designa la Ley del Salario Mínimo.
“Lo importante es que sea el Consejo Nacional del Salario Mínimo, el que invite a sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, sector privado y gobierno, para definir cuál es el incremento necesario. Consideramos que un aumento del 12% es insuficiente, dado el incremento de la inflación de 2 dígitos (2023) , que obviamente por más que la tasa de inflación bajó ese nivel elevado ha quedado”, respondió.
“Por tanto, instamos a respetar la institucionalidad y que sea el Consejo Nacional del Salario Mínimo, quien decida y al mismo tiempo a retomar otras propuestas que se han hecho desde la sociedad civil en la que entiendo que el incremento al salario mínimo debe ser del 25% que es justo”, sostuvo Cabrera.
Sobre la propuesta presidencial del 12% del salario, el economista, manifestó que es el Consejo Nacional del Salario Mínimo, el que por mandato debe reunirse de manera frecuente para analizar la situación económica y social de la población para retomar el tema del aumento al salario mínimo.
“Yo de hecho quisiera ver cuál es la propuesta del 12%, obvio que lo tiene el gobierno, pero no sabemos los argumentos que la acompañan. Lo importante no es sólo el aumento al salario mínimo, sino que tiene que haber otras acciones de políticas públicas que ayuden a las familias salvadoreñas”, consideró.
“Como Fundación para el Desarrollo Centroamérica, hemos propuesto la excepción del IVA a los productos de la Canasta Básica, y esa caída de la recaudación debe complementarse con otros tipo recaudación como el impuesto al Patrimonio, que los hogares de mayores niveles de ingreso y riqueza tributen más para el desarrollo económico y social”, puntualizó Cabrera.
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