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Redacción Nacionales
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La sostenibilidad financiera del sistema de pensiones en El Salvador volvió a provocar reacciones tras las recientes declaraciones del diputado oficialista William Soriano, las cuales fueron refutadas punto por punto por el economista César Villalona. En un análisis difundido hecho público recientemente, el especialista advirtió inconsistencias matemáticas y omisiones relevantes en la postura legislativa respecto al retiro de ahorros previsionales y al balance real de la reforma aprobada en diciembre de 2022.
Durante declaraciones a periodistas el parlamentario sostuvo que no es posible restablecer el derecho de los trabajadores cotizantes a solicitar el retiro de hasta el 25% de sus ahorros individuales, argumentando que dicha medida provocaría el desfinanciamiento total del sistema. Villalona cuestionó ese planteamiento al señalar que la totalidad del fondo equivale al 100%, mientras que el retiro parcial únicamente corresponde a una cuarta parte de los recursos acumulados.
Según el economista, el verdadero riesgo de quiebra o desfinanciamiento del fondo previsional no radica en los anticipos de los trabajadores, sino en el elevado nivel de endeudamiento del Estado salvadoreño. De acuerdo con sus registros, el sector público adeuda actualmente cerca del 70% de la totalidad del fondo de pensiones y acumula cuatro años consecutivos sin efectuar abonos directos a dicha deuda.
El balance de la reforma de 2022
Otro eje central de la réplica se enfocó en la afirmación del diputado Soriano respecto a que la Asamblea Legislativa ya concretó una «reforma integral» al sistema previsional. Villalona recordó que toda reforma estructural en esta materia debe resolver tres problemas históricos: la baja cobertura laboral, los bajos montos de jubilación y la insostenibilidad financiera. A casi cuatro años de su aprobación, los indicadores demuestran que ninguno de esos ejes registró avances.
En materia de cobertura previsional, las estadísticas reflejan un estancamiento completo. Tanto en 2022 como en la actualidad, apenas el 26% de la Población Económicamente Activa (PEA) cotiza regularmente al sistema, dejando sin protección previsional a cerca de tres cuartas partes de los trabajadores del país.
Respecto al monto de las prestaciones, el analista subrayó que persisten las denominadas «pensiones de miseria». El 60% de los jubilados continúa percibiendo la pensión mínima de $304 mensuales, sin ningún ajuste desde 2022. Sin embargo, el poder adquisitivo de ese ingreso se ha deteriorado significativamente debido a que, entre diciembre de 2022 y septiembre de 2026, el costo de la vida aumentó un 12%, pasando de $480 a $538.
Deuda pública y compromiso con el FMI
En el ámbito de la sostenibilidad financiera, Villalona explicó que la reforma de 2022 eliminó los límites legales al endeudamiento del Estado con el fondo de pensiones. Como resultado directo de esa disposición, la deuda estatal con los ahorros de los trabajadores creció en $3,678 millones —un alza del 45%—, al pasar de $8,197 millones a $11,875 millones.
Las proyecciones para el próximo año anticipan una presión fiscal aún mayor sobre los fondos previsionales. En 2027, el Estado deberá pagar $2,150 millones en intereses acumulados recurriendo a un nuevo préstamo del propio fondo de pensiones. Esta operación impedirá el crecimiento real del ahorro previsional y elevará la deuda estatal por encima de los $14,000 millones.
Esta fragilidad financiera explica por qué el tema previsional formó parte de las negociaciones entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI). En dicho acuerdo, el Ejecutivo se comprometió a aprobar una nueva reforma en febrero de 2026; no obstante, incumplió el plazo por temor al costo electoral y acordó postergarla hasta después de los comicios de 2027.
Utilidades récord para las AFP
Finalmente, el economista destacó que el diputado omitió el impacto positivo que la reforma de 2022 generó en las ganancias privadas de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Lejos de fortalecer el ahorro previsional, el esquema vigente impulsó un crecimiento sostenido en sus utilidades netas.
Los datos financieros muestran que las ganancias anuales de las AFP pasaron de $17 millones en 2022 a $31 millones en 2023, subieron a $36 millones en 2024 y alcanzaron los $40 millones en 2025. En lo que va de 2026, hasta septiembre, ya acumulan $37 millones y proyectan cerrar el año con utilidades de $50 millones.
Datos relevanes del sistema de pensioenes (2022-2026
Cobertura laboral: Estancada en 26% de la PEA desde 2022.
- Pensión mínima vs. costo de vida: Sigue en $304 (60% de jubilados), mientras el costo de vida subió 12% (de $480 a $538).
- Deuda estatal: Creció 45% (+$3,678 millones), pasando de $8,197 millones a $11,875 millones.
- Proyección 2027: Pago de $2,150 millones en intereses con nuevo préstamo del fondo; deuda superará los $14,000 millones.
Ganancias AFP: Subieron de $17 millones (2022) a $40 millones (2025) y cerrarán 2026 en $50 millones.
