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Por David Alfaro
26 de enero de 2026
A finales de 2019, la reserva de liquidez del sistema bancario alcanzaba el 24.9 por ciento de los depósitos. Para noviembre de 2025, ese colchón había caído a alrededor del 14 por ciento. La reserva de liquidez existe para dar respaldo y confianza a los ahorrantes. Entonces, si ese respaldo se reduce de forma tan drástica, la pregunta no es exagerada: qué tan protegido está hoy el dinero de la gente.
No se trata de afirmar que el dinero de los ahorrantes haya desaparecido ni de insinuar que el gobierno lo guarda en una caja secreta. La reserva de liquidez no debería funcionar así. Es un requisito que se impone a los bancos y su reducción no significa que alguien se haya llevado el dinero. Pero que no desaparezca no quiere decir que no importe.
Lo que sí es innegable es que bajar la reserva implica aceptar un sistema financiero más expuesto. Es una decisión política y técnica que reduce el margen de seguridad frente a una crisis, una corrida bancaria o un shock externo. En un país sin moneda propia y sin un prestamista de última instancia pleno, ese colchón no es un lujo, es una necesidad.
Cuando la reserva era más alta, el sistema tenía mayor capacidad para resistir momentos difíciles. Hoy, con un Estado fiscalmente presionado, endeudado y con acceso limitado a financiamiento barato, se ha optado por relajar esa protección para dar oxígeno al corto plazo. Es una apuesta riesgosa: menos seguridad hoy para ganar tiempo mañana.
Aquí está el verdadero problema. El modelo económico está empujando al sistema financiero a operar con menos red de protección. Se sacrifica estabilidad para sostener un esquema fiscal frágil y altamente concentrado en decisiones del Ejecutivo.
Eso aumenta el riesgo sistémico. No porque mañana vaya a quebrar un banco, sino porque ante una crisis real el margen de respuesta sería mucho menor. Y cuando la confianza se pierde, no hay decreto ni propaganda que la recupere rápido.
La reducción sostenida de la reserva de liquidez debería ser explicada con claridad. No con discursos triunfalistas, sino con datos, escenarios y responsabilidades. Los ahorrantes no necesitan cuentos, necesitan certezas.
Exigir transparencia no es alarmismo. Es sentido común. Auditorías claras, informes públicos comprensibles y una política financiera prudente no son ataques al gobierno, son obligaciones mínimas de cualquier Estado que se tome en serio la estabilidad económica.
El dinero de los ahorrantes sigue en los bancos. Pero la pregunta de fondo sigue siendo válida: cuánta seguridad real tiene hoy ese dinero frente a un país que ha decidido gobernar permanentemente al límite.
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