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Redacción Nacionales
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Luego de las vacaciones de agosto podría volver a estudiarse el anteproyecto de Ley de Alianzas Público Privadas, así lo anunció el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.
En abril de este año, la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea recibió la Ley de Asocio Público Privados, con la que se elimina el organismo fiscalizador autónomo, la OFAPP y las funciones de fiscalización se las adjudican a la nueva Dirección de Asocios Público Privados (DAPP).
El proyecto de decreto menciona que, con la ley, se busca “modernizar el marco legal para la provisión de infraestructura y servicios públicos a través de la colaboración con el sector privado”. El objetivo principal de la ley es regular los procedimientos para “establecer, ejecutar y terminar alianzas entre el Estado y agentes privados”.
La Comisión ha recibido a varios funcionarios en la mesa de trabajo; entre estos, al Ministerio de Economía, de Hacienda, al Centro Nacional de Registro y a la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (INVEST), pero la Comisión aún no ha dictaminado a favor; de hecho, su discusión fue suspendida desde hace siete semanas.
“Esa está todavía en revisión; se va a continuar, yo creo que pronto, las próximas semanas. Tenemos prácticamente la próxima semana en el calendario, luego viene la vacación de agosto, entonces yo creo que después de las vacaciones eso ya va entrar a conocimiento y discusión y si el pleno así lo requiere, a aprobación”, comentó Castro en declaraciones a la prensa.
El decreto mantiene fuera del alcance de la ley (es decir, se excluye) los temas de seguridad nacional, inteligencia estatal, seguridad pública, justicia y concesiones de hidrocarburos o minerales. Sin embargo, elimina las exclusiones que tiene la ley actual sobre la educación, salud y recursos hídricos.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, quien también forma parte de la Comisión, señaló que ella como legisladora y miembro les ha pedido en reiteradas ocasiones que se deje por fuera de las alianzas público-privadas los servicios públicos de educación, salud y también de gestión de recursos hídricos.
“Más allá de esto, en la última comisión pregunté: ¿por qué no estamos analizando el proyecto? Se han analizado otros proyectos de ley, se han aprobado otros dictámenes, pero al parecer, hasta el momento, quedó en pausa el estudio de esta ley. Evidentemente ha sido muy señalada y criticada por la ciudadanía”, destacó Ortiz.
Ortiz también sostuvo que la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa tiene, según el RIAL en su artículo 12 numeral 10, la facultad de recomendar a las comisiones un plazo prudencial para emitir dictámenes.
“Si esto está tomando más tiempo, y no hay una justificación, yo vería bien que la Junta Directiva haga uso de esa facultad para señalar un plazo recomendado a la presidenta de la comisión para que este proyecto de ley pueda avanzar”, agregó.
La legisladora de VAMOS enfatizó la importancia de no solo escuchar a funcionarios del Ejecutivo; sino, también, escuchar a miembros del sector privado, a los movimientos sociales, especialmente a los que han defendido el derecho a la salud o educación, para poder conocer sus perspectivas, sus inquietudes al respecto de esta ley.
Dijo que, al escuchar a estos sectores, la discusión se vuelve más democrática. Sin embargo, el oficialismo se niega a citar a otras personas o sectores que disienten de la narrativa oficial. Incluso, las propuestas de la oposición son ignoradas desde la misma Comisión.
