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Redacción Nacionales
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La Asamblea Legislativa aprobó con 59 votos la ratificación de un contrato de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por un monto de $120 millones, que se destinará al Proyecto de Mejora de la Atención de Salud en El Salvador.
El empréstito fue suscrito el 7 mayo de 2025 por el ministro de Hacienda, Jerson Posada; mientras que, por el BIRF, un día después. El 8 de mayo, los diputados autorizaron al Gobierno realizar el acuerdo monetario para que pueda realizar las mejoras necesarias al sistema de salud público, específicamente en el primer nivel de atención.
Entre los objetivos del proyecto está optimizar el acceso a servicios de salud y que sean de calidad, según se dijo en el pleno legislativo. Esto se logra mediante el mejoramiento de la infraestructura, el equipamiento y la capacitación del recurso humano. También se fortalecerá la capacidad operativa del Ministerio de Salud (MINSAL) para que, en caso de una eventual crisis o emergencia, pueda responder con prontitud y eficacia.
De los fondos que se obtendrán a través del préstamo, $93.3 millones serán destinados a la construcción, mejoramiento y remodelación de infraestructura priorizada a nivel nacional y adquisición de equipamiento médico y no médico.
Además, se planteó que se fortalecerá la capacidad operativa del Ministerio de Salud con infraestructura, equipo tecnológico y formación del recurso humano y de los profesionales en la materia y servicios de apoyo a la gestión. Para este objetivo se han establecido fondos por un monto de $22.9 millones.
Para la administración y monitoreo se invertirán $3.8 millones, esto comprende la gestión, coordinación del proyecto, supervisión y auditorías del proyecto.
En otro punto, los legisladores aprobaron con 57 votos, reformar la Ley del Notariado, relacionadas con la creación del Protocolo Digital y cuya aplicación será hasta el 1 de diciembre del año 2025.
Con esta prórroga, solicitada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se prevé que la Sección de Notariado cuente, a corto plazo, con un sistema con el fin de agilizar los diferentes procesos notariales de forma tecnológica.
El aplazamiento, que está por vencer, estará vigente hasta el 31 de mayo. Esto permitiría niveles altos de seguridad jurídica, informática y transparencia; todo ello en provecho de la institución y, principalmente, de los usuarios de sus servicios, beneficiando a más de 18,500 notarios del país, según se dijo en el pleno. La reforma es al artículo 12, inciso 2, del Decreto Legislativo N.° 555, emitido el 8 de noviembre de 2022.
Se establece como requisito que los notarios habilitados adquieran un certificado de firma electrónica en la categoría de profesionales, específicamente para la función notarial, a través de los proveedores de servicios de certificación autorizados por la Unidad de Firma Electrónica del Ministerio de Economía.
