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El 30 de septiembre, como establece la Constitución, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, presentó ante la Asamblea Legislativa, el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal de 2021. Sorprendentemente, en esta ocasión el presupuesto lleva mil millones de dólares más en comparación del actual. El presupuesto actual asciende a $6,426.1 millones, mientras que para el próximo año se sugieren $7,453.5 millones.
Decimos sorprendentemente, porque la pandemia dejará muy golpeada la economía del país, por el cierre de muchas empresas, y, por lo tanto, la pérdida de miles de empleo, que incidirá directamente al IVA, pues al cerrar fuentes de empleo el consumo disminuye y al disminuir este, disminuyen los impuestos, no solo los indirectos sino los directos.
Está claro que el próximo año, por mucho que se haga en los dos meses que faltan del 2020, se puede reactivar la economía a como estaba antes del primer trimestre del presente año. Los economistas, al igual que el Banco Central de Reserva, coinciden con organismos regionales en que la economía en El Salvador terminará, en el 2020, con una desaceleración de -7 % o -6 %. Con esta realidad, el Ministerio de Hacienda comete el error de calcular un crecimiento óptimo para el próximo año, por lo tanto, pensar en un presupuesto a partir de ingresos esperados que no serán.
Por lo anterior, y dado que como dice ARPAS en un reciente editorial, “el presupuesto estatal para el año 2021 será el principal <<caballito de batalla>> del oficialismo (GANA-Nuevas Ideas) para los comicios legislativos y municipales del próximo del 28 de febrero”, los diputados deben actuar de forma seria y responsable, pero de forma anticipada para que la discusión se haga de la forma más acertada y transparente posible. ARPAS, por cierto, hace una correcta y oportuna propuesta: que otros sectores sociales y académicos, entre otros, formen parte de la discusión, y que la de ellos sea la última palabra de la Asamblea Legislativa. “La ciudadanía debe exigir a la Asamblea la creación de un espacio de diálogo nacional sobre el presupuesto, facilitada por las Naciones Unidas y que permita la participación de todos los sectores sociales, gremiales, académicos, etc. El presupuesto público no puede limitarse a una discusión del presidente y los diputados, sino que debe ser parte de un debate amplio, abierto, transparente, participativo, bienintencionado y orientado a resolver los problemas estructurales que afectan a la gente”, propone la ARPAS en su editorial.
La propuesta, además de que sacaría de la discusión los usos políticos-electorales de la discusión, sobre todo entre el Ejecutivo y el Congreso, permitiría cumplir con los requisitos que establece la aprobación de una ley: amplia discusión. Creemos que, tras las dificultades que el fisco ha presentado en estos meses por la falta de recursos vía impuestos, como los atrasos de salarios en los órganos Judicial y Legislativos, así como en la fracción del Parlamento Centroamericano y a las alcaldías, lo más sensato hubiese sido presentar un presupuesto igual o menor al presente.
Es cierto que en el proyecto de presupuesto del próximo año hay incrementos significativos a los presupuestos de Educación, que lo lleva al 5 % del PIB, de Salud y Seguridad. Sin embargo, hay que tener claro que los presupuestos deben estar, en primer lugar, acorde a la realidad económica del país, y la realidad por la pandemia es distinta a las proyecciones que desde el Ejecutivo se tienen para el 2021.
Desde hace más de 30 años, los presupuestos presentan huecos que se llenan mediante préstamos, los cuales, de acuerdo con la Ley de Responsabilidad Financiera, debe ir disminuyendo año con año. En el presupuesto del próximo año se duplica el endeudamiento para cubrir el presupuesto al establecer 1,342 millones de endeudamiento. Y si se le suman los tres mil millones que se han aprobado este año en deuda tras la pandemia, estamos hablando de cuatro mil millones de endeudamiento en un año y medio, con lo que la deuda con respecto al PIB llegaría al 92 %.
Una discusión entre los diputados, el Ejecutivo y otros sectores permitiría, a su vez, buscar una reforma fiscal para sentar las bases tributarias para los próximos años. Espero que la Asamblea retome la propuesta de ARPAS, así como a los otros actores que también ARPAS sugiere.
