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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
La tercera diligencia judicial, de incursionar en los archivos militares de varias unidades de la Fuerza Armada y Aérea del país, ordenada por el juez Jorge Guzmán, del Tribunal de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, en el caso de El Mozote y lugares aledaños, fue un nuevo revés a las víctimas sobrevivientes que piden justicia, desde hace tres décadas.
En las afueras de la Segunda Brigada Aérea, Comalapa, La Paz, un dispositivo policial, junto a la vigilancia militar, cercaron la llegada del juez Guzmán, las partes del proceso y la Fiscalía General de la República, quienes fueron recibidos por el capitán Carlos Escobar, junto a la asesora legal de la Fuerza Aérea.
A mitad del camino, la entrada estaba bloqueada por conos naranjas y un cubo enorme de concreto, ambas partes iniciaron un intercambio, que inició con el juez Guzmán, quien les explicó sobre su presencia y el proceso penal que se realiza en el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, en el caso de El Mozote y lugares aledaños, ocurrido en diciembre de 1981.
“Quisiera que nos dejara ingresar porque es una diligencia judicial, espero la colaboración de ustedes para iniciar la inspección de archivos militares y lo que se pretende es buscar algún tipo de documento. Al que nosotros le llamamos ‘documento de interés’; o sea, que tenga relación con la masacre de El Mozote y que contribuya como un medio probatorio para el esclarecimiento de esos hechos, espero el consentimiento de ustedes para pasar”, les explicó.
A lo que el capitán Carlos Escobar esgrimió el argumento de que la Segunda Brigada Área, que fue fundada el 31 de julio de 1986, y que empezó operaciones hasta el año 1987, le permitía disentir que su unidad no contaba con ninguna documentación relacionada a la masacre de El Mozote.
Asimismo, le argumentó al juez Guzmán que, como unidad militar, tienen su documentación que genera por sí misma. Así como, los planes particulares de defensa nacional que “son de carácter secreto y protegidos por la Constitución de la República”; por tanto, se oponía a la diligencia judicial.
“Entonces, por tal razón no puedo autorizarle el acceso a los archivos de la Segunda Brigada Área y está la licenciada asesora jurídica de la FAES, que puede ayudarle con cualquier solicitud o inquietud que usted tenga, relacionado al tema”, manifestó al juez.
De esa argumentación, el juez Guzmán les reseñó un compendio de resoluciones y sentencias de la Sala de lo Constitucional, como el año 2016, sobre la derogatoria de la Ley de Amnistía; la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2012, sobre la disposición de las instituciones frente a las órdenes judiciales, que investigan casos de graves de violaciones de derechos humanos, estableciendo que no se puede invocar ninguna disposición de derecho interno para evitar investigaciones de este tipo de hechos.
Asimismo, el juez Guzmán les mencionó el dictamen del lunes pasado, de la Sala de lo Constitucional, referente al amparo que el ministro, René Merino Monroy interpuso contra el juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, por la decisión de incursionar en archivos militares. De lo cual, el máximo tribunal determinó que “es obligación del Estado” cumplirlo
“Yo no voy a discutir, ni a convencerlos a ustedes de que se está haciendo una interpretación equivocada sobre el concepto de planes militares secretos. Porque es una situación que ya está ampliamente discutida y decidida, no solo por tribunales nacionales, sino también por tribunales internacionales; a lo cual la Fuerza Armada, como institución, debe obedecer y someterse a todas esas decisiones judiciales emitidas. En este país no hay ninguna institución que tenga un suprapoder o que esté por encima de todos los demás, al grado que no pueda someterse a las resoluciones judiciales que se dictan en casos de graves violaciones a derechos humanos”, les informó.
El capitán Escobar aconsejó, a su vez, al juez Guzmán, le sugirió abocarse a la Oficina de Información y Respuesta (OIR), del Ministerio de la Defensa, para que a través de ellos se tramite la solicitud de información y reconoció que son ellos los que están un escalón superior a la Segunda Brigada y son los más adecuados para dispensar la información.
“No hemos tenido ningún cambio en las disposiciones que se nos han dado y así como usted habla de la Fuerza Armada, en ese sentido que somos una institución que somos obedientes, no deliberantes de las órdenes que nos dan, pues consideró yo que debe abocarse a la OIR, porque este día no le vamos a permitir el acceso”, sentenció.
Al cuestionamiento del juez Guzmán, sobre quién les había dado esa orden de no permitir el cumplimiento de la diligencia judicial, el capitán Escobar omitió su declaración y la asesora legal solo respondió “no tenemos que decirlo, así que gracias por su atención, allí disculpe”.
Los abogado de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” y Cristosal, como parte acusadora, lamentaron la decisión del Gobierno del presidente Nayib Bukele, con respecto a la orden judicial de abrir los archivos militares de esa época del conflicto armado.
Wilfredo Medrano, de Tutela Legal MJH dijo: “Es evidente el incumplimiento a las decisiones judiciales, lo que queda claro es una grave obstrucción a la justicia con la apertura de los archivos militares que sabemos que existen. Porque tenemos declaraciones de jefes militares y constan en el proceso penal, en donde dijeron que esos archivos y planes militares no los pueden destruir”.
