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Redacción Nacionales
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La diputada de oposición, Marcela Villatoro, manifestó recientemente en sus redes sociales que “Lo ocurrido en Ciudad Marsella II vuelve a evidenciar una realidad preocupante: en zonas naturales protegidas y áreas de captación de aguas lluvias no deben autorizarse proyectos habitacionales, porque se pone en riesgo no solo el medio ambiente, sino también la vida y el patrimonio de las familias”.
Lo anterior, fue expuesto por la diputada de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), luego de conocerse que una veintena de casas de Ciudad Marsella II, fueron inundadas tras las lluvias caíadas la noche del sábado 10 de enero. La afectación fue grande, pues el nivel del agua alcanzó hasta un metro dentro de las viviendas.
“Las inundaciones registradas afectan a personas que confiaron en que el Estado había cumplido con su deber de evaluar, autorizar y supervisar adecuadamente este tipo de proyectos. Por ello, lo sucedido no puede tratarse como un hecho aislado ni como un simple error técnico”, dijo la diputada Villatoro.
La diputada agregó que ante este tipo de hechos lamentable y doloroso, es indispensable que las autoridades revisen con rigor los procesos de otorgamiento de permisos, verifiquen el cumplimiento de la normativa ambiental y urbanística, y determinen responsabilidades, tanto de las empresas desarrolladoras como de las instituciones que autorizaron estas construcciones.
Es de recordar que el presidente Nayib Bukele participó en la engrega de algunas residencias de Ciudad Marsella, en la que se quejó públicamente que “existían millones y hasta miles de millones de dólares trabados en el Ministerio del Medio Ambiente debido a permisos que tardaban años en resolverse”.
Acto seguido, Bukele anunció que “instruyó directamente al ministro de Medio Ambiente para que, en un plazo de 100 días, se firmaran y autorizaran todos esos permisos con el fin de acelerar la inversión y dinamizar la economía”.
Para la diputada Villatoro, debe garantizarse que ninguna constructora entregue viviendas sin obras concluidas ni obligue a las familias a aceptar condiciones que comprometan su seguridad y dignidad.
Los responsables, dañadió, deben responder económicamente y también penalmente si han incurrido en algún delito que puso en peligro la vida de estas personas.
Se ha conocido que la empresa responsable del proyecto habitacional en Marsella II se ha comprometido a resarcir el cien por cien de los daños ocasionados.
Desde la Asamblea Legislativa, es nuestro deber exigir transparencia, legalidad y respeto a los derechos de las personas, así como acompañar a las familias afectadas y respaldar su derecho a denunciar cualquier abuso, dijo la diputada Villatoro.
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