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Por David Alfaro
Mientras el discurso oficial habla de «modernización» y «eficiencia», la realidad en los hospitales y clínicas del país es otra: despidos masivos, miedo, agotamiento y pacientes abandonados. Lo que vivimos hoy, 23 de diciembre de 2025, no es un hecho aislado ni una decisión administrativa más, es parte de un proceso deliberado de desmantelamiento del sistema público de salud.
Este diciembre de 2025, la dictadura ordenó el despido de más de 150 trabajadores del Seguro Social y más de 1800 del Hospital Nacional Rosales. Médicos generales, especialistas, enfermeras, ordenanzas y personal técnico quedaron en la calle de un día para otro. Gente que sostuvo el sistema en pandemia, que trabajó sin insumos, con turnos inhumanos y salarios precarios, que murieron por COVID, hoy es tratada como si fueran basura.
Pero la mentira es evidente. En El Salvador nunca ha sobrado personal de salud. Siempre han faltado enfermeras, especialistas, camas y tiempo para atender dignamente a los pacientes. Las emergencias llenas, las citas diferidas por meses y las cirugías postergadas son prueba de ello. Decir que «hay exceso de recurso humano» es una excusa burda para justificar recortes criminales.
Este desmantelamiento no empezó hoy. Comenzó en 2020, con miles de despidos silenciosos, el cierre de los ECOS comunitarios, la clausura de clínicas y la reducción progresiva de servicios. Año tras año se fue debilitando la atención primaria, se rompió la prevención y se empujó a la gente hacia hospitales saturados, ahora también despojados de su personal.
Todo esto ocurre en un contexto claro: la privatización de la salud. Lo que la dictadura abandona, el sector privado lo convierte en negocio. Clínicas privadas, hospitales privados y aseguradoras se frotan las manos mientras la población pobre queda sin atención y sin opciones. La salud deja de ser un derecho y se transforma en mercancía.
Las consecuencias son devastadoras. Más pacientes sin atender, más muertes evitables, más sufrimiento para quienes no pueden pagar. Y del otro lado, cientos de familias empujadas a la miseria, sin empleo, sin ingresos y sin reconocimiento por años de servicio.
Una dictadura que despide a su personal de salud no solo destruye instituciones, desvía recursos y destruye vidas. Y cuando el sistema colapse por completo, no habrá propaganda que oculte la verdad: fue una decisión consciente, cruel y profundamente inhumana.
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