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Saúl Méndez
Colaborador
Durante la audiencia inicial contra Alejandro Henríquez, abogado defensor de derechos humanos, y José Ángel Pérez, pastor de la Cooperativa El Bosque, desarrollada este viernes 30 de mayo en Centro Judicial Integrado de Santa Tecla, el Juzgado Primero de Paz decretó detención provisional por seis meses a los imputados por delitos presuntamente cometidos la noche del 12 mayo, durante una manifestación pacífica frente a la Residencial Los Sueños.
Henríquez y Pérez enfrentan una acusación por los delitos de «desórdenes públicos» y «resistencia agresiva», sin embargo, organizaciones sociales argumentan que los detenidos fueron ilegalmente capturados por la Policía Nacional Civil (PNC), sin ningún tipo de fundamento legal y sin aportar prueba alguna.
Jaime Ortega, abogado defensor, aseguró que se presentaron todas las evidencias para desvincular al ambientalista y al pastor de los hechos delictivos.
«Sin ninguna evidencia de la parte acusante, el proceso pasó a la siguiente etapa con detención provisional para cada uno de los detenidos, a pesar de los múltiples arraigos presentados», lamentó el abogado.
«No sé presentó ninguna evidencia que vinculara a nuestros clientes con los hechos delictivos. Se están criminalizando tres derechos fundamentales que tienen los ciudadanos, que son, la libertad de expresión, el derecho de asociación, y el derecho de disentir. Todos tenemos ese derecho y está en la constitución», alegó.
Ortega denunció que los múltiples arraigos presentados eran suficientes para decretar libertad con medidas sustitutivas. Y que, en caso de ser insuficientes, el juez debió ordenar una fianza.
El Foro del Agua, organización a la cual pertenece Henríquez, reiteró que el registro audiovisual y testimonial donde se demuestran actos represivos contra miembros de la Cooperativa El Bosque aportan pruebas suficientes de las capturas arbitrarias planificadas y ejecutadas por la PNC.
«Nunca hicieron ninguna acción agresiva, ni se tomaron la calle, no molestaron, dañaron propiedad, ni agredieron a ninguna persona negocio o comercio de la zona, por tanto, nunca existió un delito de desórdenes públicos», manifestaron voceras de la organización durante un plantón pacífico frente Centro Judicial Integrado de Santa Tecla.
