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DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Dra. Sofía Villalta Delgado

Ya hemos hablado en otra ocasión de la importancia de las opiniones propias sobre las conservadoras en una sociedad democrática. Para esto es necesario el respeto a disentir contra el conservadurismo, esto es parte de la modernidad y la democracia.

Margaret Sanger propuso a inicios del siglo XX el uso de anticonceptivos ante las altas tasas de muertes maternas, lo que le valió una censura severa por parte de las opiniones religiosas tradicionales, y que la condujo a la cárcel. Ahora todavía persisten en nuestros países las altas tasas de muertes maternas ocasionadas generalmente por embarazos múltiples a intervalos cortos en mujeres muy jóvenes o mayores. Esto no solo es el resultado de deficientes servicios de salud sexual y reproductiva sino también de la limitación que las mujeres tienen para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.

La prioridad del debate público se centra en la pobreza, la delincuencia, el desempleo, la falta de oportunidades y deja los aspectos de la sexualidad postergados a la intimidad y a la opresión, olvidando que la sexualidad es parte de la vida misma, es una expresión de la personalidad, es un derecho humano y la forma de vivirla tiene mucho que ver en las diferentes formas de procreación, en las expectativas de vida más que todo de las mujeres, en la salud en general; sin embargo el tutelaje clerical ejerce una constante censura cuando emergen opiniones de grupos dentro de la sociedad que claman por los derechos sexuales y reproductivos.

En estos momentos, ante una pandemia como el SIDA que conduce a muertes tempranas a jóvenes económicamente activos(as) y que cada vez constituye una de las primeras causas de muerte, es cuestionable observar cómo pensamientos religiosos fundamentalistas condenan el uso del condón y el debate abierto sobre la sexualidad entre la juventud, en una sociedad donde los embarazos en las adolescentes constituye un serio problema de salud pública.

Podemos entender la necesidad de vivir en un Estado laico, donde las opiniones propias que disienten de la forma tradicional o normas establecidas y sustentadas por pensamientos fundamentalistas sean respetadas, y donde las mismas surjan como alternativas promotoras de cambios y de modernidad.

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