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Luis Arnoldo Colato Hernández
Educador
La justicia penal categoriza los delitos de acuerdo con su gravedad, buscando mantener el orden público y la seguridad ciudadana mediante su prevención, pero también mediando la sanción.
Para lograrlo se sirve del aparato de justicia y sus conexos, proyectando con su presencia la certeza de que cualquier acción dirigida a quebrar la convivencia social, será sancionada expeditamente, individualizando a los responsables de este o aquel delitos contra las personas, la propiedad, o el estado mismo, estableciendo el grado de gravedad y la malicia con que actuaron, y sus efectos en la sociedad.
Lo referido arriba es por supuesto lo que se espera, lo deseable, que, lamentablemente se opone a lo que se es en nuestra realidad.
Nuestra realidad jurídica penal es en contra posición, penosa, pues está montada sobre la arbitrariedad propiamente dicha, derivando en otra expresión de la injusticia que como sociedad padecemos.
Ahora mismo por ejemplo, entre el 37 y el 40% de los detenidos en el marco del estado de excepción decretado para contener la violencia desatada por las pandillas, de los alrededor de 90,000 encarcelados en el mismo, son por la evidencia recabada, detenidos arbitrariamente [Oficina de DDHH/UN], entre los cuales, los 500 asesinados mediando la tortura reconocido por el fiscal general, hasta en un 97% del total carecían de antecedentes penales, agravado porque no se les probó ningún delito, lo que vuelve sus ejecuciones, asesinatos políticos, que podrían ser hasta 3,000.
En contraposición, el mismo fiscal general no los investiga, como tampoco los graves indicios de corrupción del régimen.
Todos vemos como, del modo más descarnado, el círculo presidencial se ha hecho de fortunas verdaderamente escandalosas a todas luces, mientras todas las entidades crediticias multilaterales internacionales lo señalan, acusando además como este es el régimen que de más recursos financieros se hizo mediante empréstitos, sin que sirvan a los propósitos por los que se tramitaron.
Esa descarada parcialidad aunada a la ilegalidad, corruptela y mitomanía conque ejerce el régimen, es el telón de fondo para otro yerro del mismo: los procesos penales colectivos.
Estos están formalmente dirigidos en su mayoría contra el actuar de las pandillas, si bien se procesan también de carácter común.
Pero, adelantados en masa, al por mayor, en equipo.
La justificación del régimen se sustenta en que los delitos por los que los procesa son una suerte de coparticipación, por lo que se hace así para ahorrar recursos.
Empero, la individualización es la piedra angular del proceso porque establece causales y sanciones.
Dicho así, lo que vemos en realidad es otro show del régimen dirigido a encubrirse, distrayendo la atención pública mientras evade investigarse.
Eventualmente cuando la legalidad retorne, muchos procesados oportunistas responsables de delitos podrán evadirse, demostrando no sólo la parcialidad del proceso, también como se los utilizó para que el régimen evada sus responsabilidades.
Así, no solo la justicia se verá impedida, también el erario público y la confianza, porque es otro yerro acumulado por el régimen, más los costes implicados.
