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Redacción Nacionales
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Representantes de organizaciones sociales y sindicales alertaron sobre una profunda crisis en el sistema de salud y el empleo en El Salvador, señalando despidos masivos, precarización laboral y restricciones en el acceso a la información pública como factores que agravan la situación de la población.
Durante una entrevista en el programa Encuentro con Julio Villagrán, Héctor Rodríguez, del Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD), y Silvia Navarrete, del Sindicato de Trabajadores de la Salud (SITRASALUD), expusieron una serie de problemáticas que, aseguran, reflejan un deterioro progresivo de las condiciones laborales y del sistema sanitario nacional.
Rodríguez destacó que uno de los principales obstáculos para analizar la realidad del país es la falta de acceso a datos oficiales. Según explicó, instituciones clave han dejado de publicar información relevante, como las estadísticas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) sobre cotizantes. Esta situación, afirmó, obliga a las organizaciones sociales a construir sus propios registros, que aunque no son oficiales, se aproximan a la realidad.
En cuanto al empleo, más del 70% de la población económicamente activa se encuentra en el sector informal, mientras que solo un 30% cuenta con empleo formal.
Héctor Rodríguez denunció que en los últimos años se han registrado alrededor de 47,000 despidos en el sector público, muchos de ellos sin el debido proceso ni indemnización.
Aunque el gobierno ha reportado nuevas contrataciones que casi equilibran esa cifra, Rodríguez advirtió que estas no compensan la pérdida real de empleo digno. Explicó que muchas de las nuevas plazas corresponden a áreas administrativas o bajo modalidades precarias, como contratos por servicios profesionales, que no garantizan derechos laborales ni seguridad social.
El impacto también se extiende al sector privado. Según los datos presentados por Rodríguez, más de 15,000 empleos se habrían perdido recientemente, principalmente en el sector industrial, lo que evidencia una desaceleración económica y una posible migración de empresas hacia países vecinos como Honduras y Nicaragua.
Por su parte, Silvia Navarrete centró su intervención en la crisis del sistema de salud. Denunció el despido de aproximadamente 1,800 trabajadores del Hospital Rosales en diciembre de 2025, lo que ha afectado gravemente la atención médica a la población, considerando que este centro era el principal hospital de referencia nacional. El total de trabajadores despedidos del secotor salud, hasta la fecha suman 7,782.
Navarrete afirmó que los despidos se realizaron de forma arbitraria, sin notificación escrita ni pago de indemnizaciones. Además, señaló que algunos trabajadores continúan laborando sin recibir salario desde hace meses, debido a irregularidades administrativas en su reubicación, y porque tienen “esperanza de que serán recontratados cuando abran nuevamente el Hospital Rosales.
La dirigente sindical también advirtió sobre el cierre de unidades de salud móviles, que brindaban atención en zonas rurales de difícil acceso. Esta medida, sumada a la reducción de ingresos del sistema por cambios en políticas fiscales —como la eliminación de impuestos a bebidas alcohólicas como el wisky—, pone en riesgo la sostenibilidad de programas como FOSALUD.
De acuerdo con Rodríguez, el ministerio de Hacienda reportó que en febrero de 2025, cuando se puso en vigencia la Ley Cero Tolerencia al Alcohol, el fisco dejó de percibir 10 millones de dólares, lo que significó el despido de 1,100 trabajadores de FOSALUD.
Y que, de acuerdo estimaciones de economistas, con la eliminación al impuestos a bebidas alcohólicas de lujo como el wisky, el gin y, otros, el fisco dejará de percibir 500 millones de dólares, lo que significa que unos 500 trabajadores más podrían ser despedidos de FOSALUD.
Otro punto crítico es el desabastecimiento de medicamentos, especialmente para enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, cáncer y padecimientos renales. Según Navarrete, esta situación ha generado protestas de pacientes y una creciente inconformidad social.
Asimismo, denunció que el personal de salud ha sido obligado a firmar acuerdos de confidencialidad que les impiden informar sobre la falta de insumos, lo que contribuye a una percepción negativa hacia los trabajadores por parte de la población.
Ambos representantes coincidieron en que existe una estrategia de debilitamiento del sistema público, acompañada de campañas de desprestigio contra los empleados estatales. A su juicio, esto podría estar orientado a justificar una eventual privatización de los servicios de salud.
Finalmente, advirtieron que la combinación de despidos, precarización laboral, reducción presupuestaria y falta de transparencia está generando un deterioro estructural en áreas clave como salud y educación, lo que podría tener consecuencias graves para el desarrollo del país.
Rodríguez dijo, que 235 escuelas han sido cerradas totalmente, por fala de personal docente.
Las organizaciones hicieron un llamado a la población a informarse y a exigir el respeto de los derechos laborales y el fortalecimiento de los servicios públicos, en un contexto que consideran cada vez más complejo y preocupante.
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