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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Alfredo Leiva, líder comunitario de Santa Marta, denunció la maniobra de la Fiscalía General de la República (FGR), de recusar al magistrado Rogel, lo que demoraría el proceso “que podría dejar en libertad a nuestros compañeros”.
La reacción de los miembros de la comunidad Santa Marta y ADES se da en el marco de una noticia de un matutino que citando fuentes judiciales informó que la Fiscalía General de la República, ha solicitado ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, “la recusación del magistrado Martín Rogel Zepeda” sobre el caso de los cinco ambientalistas capturados.
La Cámara de Segunda Instancia de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, será la que procese la denegatoria de medidas alternas a la prisión de Antonio Pacheco, y Saúl Rivas, directivos de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) y los líderes comunitarios Pedro Antonio Rivas, Alejandro Laínez y Miguel Gámez, detenidos el pasado 11 de enero del presente año.
“La Fiscalía ha puesto un recurso ante la Sala (de lo Penal) para recusar al magistrado Rogel de este caso y todo este proceso demora el proceso que podría dejar en libertad a nuestros compañeros”, afirmó el líder comunitario.
“Es una maniobra dilatoria de la Fiscalía para alargar los tiempos (de confinamiento) y reafirma una vez más, la debilidad de la acusación de la Fiscalía, porque si tuviera un caso sólido no recurriría a este tipo de maniobras para dar largas al caso”, aseguró.
Sobre las la solicitud de apelación a las medidas sustitutivas que esta Cámara debía conocer -antes de la solicitud fiscal- Leiva consideró que era el espacio en donde se daría un fallo de consenso a favor o en contra sobre la argumentación de liberar provisionalmente a los ambientalistas, pero dudo que esto sea un proceso expedito.
“Mientras, esta recusación es conocida por la Sala de lo Penal en la Corte Suprema de Justicia, nuestros compañeros seguirán detenidos y sin obtener su libertad”, consideró Leiva.
“Nos alertó esta solicitud de la Fiscalía, que según una nota de un periódico, piden la recusación del magistrado porque supuestamente es pariente de una exfuncionaria del partido FMLN. Y en la misma nota, el magistrado niega el parentesco, o sea, la Fiscalía sigue trabajando en -supuestos- sin pruebas contundentes y hasta cierto punto saben que si dejan que la justicia actúe como tal, se les cae el caso de inmediato, se les derrumba por eso usan maniobras”, sostuvo Leiva.
Igualmente, denunciaron las condiciones carcelarias de los ambientalistas. Peter Nataren, líder comunitario de Santa Marta, afirmó que junto a los familiares se han enfrentado a un Sistema Penitenciario, en el cual, no se garantizan ni las “condiciones mínimas” para la estabilidad de salud y vida de los cinco líderes de Santa Marta.
“No hemos podido ingresarles colchonetas para que las utilicen, algunos insumos para su higiene personal o ropa, entonces, consideramos que están en una situación complicada, y por esto denunciamos esta situación irregular en el trato con ellos”, sostuvo Leiva. La Comunidad Santa Marta y ADES hicieron un llamado a la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) y Cruz Roja Internacional (CICR), para que intervengan en este caso, a fin de “mejorar las condiciones mínimas” que les permita a los ambientalistas capturados lograr sobrevivir el proceso judicial.
“Como dicen -nuestros compañeros- nos preocupa todo este tiempo que están dando largas al proceso, lo que significa encierro para los compañeros por su salud y condición vital, y que los mismos fiscales -les dijeron- cuando llegaron a la comunidad a capturarlos, que nos les iban a aplicar ninguna medida del Régimen de Excepción, pero lo que estamos viendo es lo contrario”, expresó Nataren.
“No podemos constatar su salud o si les llega la comida, sus medicamentos o ropa, porque depende de los custodios judiciales que tienen a cargo las bartolinas, por esto estamos pidiendo a Cruz Roja Internacional y a la PDDH, a intervenir y constatar la salud de los compañeros desde su gestión humanitaria, porque son personas de mayor edad con problemas médicos complicados que necesitan sus medicamentos”, acotó.
Este nuevo tropiezo en búsqueda de la justicia, es para Nataren, una mayor preocupación e incertidumbre para la organización comunitaria, a partir de que el dictamen de la Sala de lo Penal (CSJ), será remover o no al magistrado Rogel.
Lo anterior solo vendría a sumar acciones judiciales de un evidente “manejo parcializado” de este caso, que inició desde la captura y las subsecuentes sentencias de detención de las juezas de Victoria y Sensuntepque, tratando de fortalecer una “acusación cuestionada” que presentó la Fiscalía General de la República.
“En ningún momentos estamos en contra del proceso, pero estamos en desacuerdo simplemente sobre el manejo del proceso, como están castigando a los compañeros y cómo tratan a sus familiares que solo buscan información de sus parientes. Estamos frente a un sistema que nos impone sus características sucias de un sistema judicial y fiscal del país”, reiteró Nataren.
“Este caso es parte de la criminalización a nuestras comunidades, y lo vemos con nuestros compañeros detenidos, y que ha puesto a prueba al sistema de justicia de este país”, expresó Vidalina Morales, directiva de ADES Santa Marta, al comentar que hay intereses económicos y políticos de trasfondo en el caso. “Queremos decir que el trasfondo de todo esto -lo hemos repetido- desde sus capturas, que el trasfondo se encuentra la -reactivación de la minería en Cabañas-, que sería la repunta de esto en principio, pero a posterior la minería se extendería por todo el territorio salvadoreño”, señaló Morales.
“Mantenemos esta hipótesis por varias señales, y ahora que vemos como actúa este sistema (judicial), nos da más certeza que el fondo en sí, es justamente reprimir comunidades como Santa Marta u organizaciones como ADES, por nuestro activismo contra la minería y existe una fuerte presunción de una reactivación de la minería metálica, no lo podemos negar, y esto es preocupante”, puntualizó.
