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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Recuerdo que estaba descansando en mi casa, cuando me llamaron informándome que tenía un correo electrónico. El mensaje tenía un reporte de un hospital que peticionaba al CONNA una interrupción de un embarazo y fue denegado, y mi primera impresión fue que a esa muchacha solo le faltó que la violaran ante lo que había sufrido”, recordó Morena Herrera, activista de la Agrupación Ciudadana por la despenalización del Aborto y la Colectiva Feminista.
En el marco del foro “Estándares Internacionales en Derechos Humanos: Caso Beatriz”, a fin de generar insumos, reflexiones y diálogos, retomando conocimientos de expertas en las áreas jurídicas, de derechos humanos y académicas, un centenar de mujeres se reunieron para conocer más de cerca el Caso Beatriz, para la cual demandan del Estado salvadoreño “aplicar justicia”.
El evento se realiza a cuatro días antes del Día Internacional de la Mujer y 15 días antes de la audiencia de Beatriz vrs el Estado de El Salvador, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se encuentra realizando sus audiencias públicas en su 186 período de sesiones.
La petición de justicia para Beatriz, con su frase “Quería vivir y ser Feliz”, ha dado la vuelta al mundo y muchas organizaciones internacionales y voces de individuales de personas reconocidas han venido apoyando y sumándose a esta petición de justicia.
Sobre el caso de Beatriz y como se involucró Morena y el equipo de la Agrupación Ciudadana, señaló que inició el año 2013, cuando logran contactarla por la red de mujeres a nivel territorial, quienes la encontraron luego de ser dada de baja del ingreso hospitalario.
Y así comenzaron a conocer más a fondo a Beatriz, una joven que vivía en la zona rural, con baja escolaridad y que padecía de “lupus eritematoso”, una condición que puso su salud en riesgo con su primer embarazo (2011) y empeoró con el segundo, cuando le fue diagnosticado un embarazo con un feto con “malformaciones graves”, que carecía de cerebro y cráneo y que incrementaba el riesgo de su vida por su condición de salud.
“Cuando la contactamos -ella tenía copia del diagnóstico médico- lo comprendía y estaba de acuerdo con la recomendación médica y nos pide si la podemos ayudar, esa fue su respuesta en un primer momento”, dijo.
“Le explicamos lo que significaba la interrupción del embarazo, y ella no comprendía, y preguntaba porque no podían los médicos realizarlo, porque no quería volver a pasar la situación con su primer embarazo, así que le dijimos que luchábamos por todas las mujeres frente a esta ley, pero que también la íbamos a acompañar y apoyar en su caso, y estuvo de acuerdo”, reseñó Herrera.
Luego que un abogado la acompaña al Hospital de Maternidad y consultar con el cuerpo médico que conscientes del diagnóstico y la urgencia de la salud de Beatriz, se negaron a realizarlo por temor a ser detenidos.
“Allí, realizamos toda una deliberación de la situación y nos alistamos un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional y otras instancias judiciales sin obtener una respuesta favorable”, prosigue en su relato Herrera.
Y fue el 18 de abril de 2013, cuando las organizaciones defensoras de derechos humanos solicitaron a favor de Beatriz, ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), medidas cautelare , las que les fueron otorgadas el 29 de abril de 2013, pero dichas medidas no fueron acatadas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) interviene para el proceso de una cesárea.
Y tres meses después de la movilización ciudadana y la solidaridad feminista permitió la intervención del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), Beatriz pudo acceder a una cesárea programada, pero toda esta espera consideran que afectó su salud y debilitó su cuerpo.
Cuatro años después, Beatriz, falleció por complicaciones de salud, luego de sufrir un accidente de tránsito, mientras se dirigía a su control médico, y dada su fragilidad de su sistema inmune y los golpes recibidos falleció por una neumonía nosocomial.
En noviembre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recomendó al Estado de El Salvador , entre otras medidas, reparar integralmente las violaciones contra Beatriz y sus familiares; adoptar medidas legislativas para posibilitar la interrupción del embarazo en situaciones de inviabilidad o incompatibilidad del feto con la vida extrauterina, así como, un riesgo grave a la vida, la salud y la integridad de la mujer.
Las recomendaciones demandaban también la formulación de políticas públicas para asegurar el acceso a la interrupción del embarazo, pero ante el incumplimiento del Estado salvadoreño, a esas medidas, el 5 de enero de 2022, el Caso de Beatriz fue remitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para realizar una audiencia en los próximos días.
