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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Nuestra campaña es #Cero homicidios pero a qué costo”, expresó Keyla Cáceres, lideresa de la Asamblea Feminista, que marcharon este 27 de noviembre en el marco de la conmemoración del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
“Si, tal vez, será cero homicidios, pero con un costo de más 10, 144 mujeres desaparecidas que han sido registradas en los últimos 8 años y que en la administración de (presidente) Nayib Bukele, es la que más desapariciones registra en estos tres años”, agregó Cáceres.
La Asamblea Feminista declaró que en el país aún no se ha “reconocido a las víctimas de feminicidios y transfeminicidios” que se han registrado desde el año 2014. Por lo tanto, marcharon para demandar que como mujeres salvadoreñas merecen una vida diga, libre de violencia, discriminación, miedo y censura.
“Nosotras marchamos este domingo (27 de noviembre), porque consideramos que muchas mujeres no podían hacerlo en su semana laboral -y queremos- desde la Asamblea Feminista, dar una oportunidad a todas esas mujeres obreras, campesinas estudiantes y cuidadoras que no pudieron tomarse un día libre en la semana de trabajo y por esto marchamos”, acotó.
“Y lo más importante, nos tomamos la calle para reivindicar todas esas demandas que tenemos como movimiento feminista, que llegan hasta la actualidad, como la investigación y sanción de los feminicidios y los transfeminicidios. Y dejar de una vez, la reserva de datos que lamentablemente está haciendo este gobierno y que impide hacer análisis reales sobre la situación de las mujeres en el país”, sostuvo Cáceres.
Asimismo, mencionó las implicaciones que ha generado a los derechos de las mujeres el Régimen de Excepción, que lleva 8 años de vigencia. Y que consideran “agudizó la violencia estatal” , lamentando el fallecimiento de 90 personas en custodia de las autoridades de seguridad ciudadana y las más de 3 mil denuncias de abuso de poder de policías y soldados, así como las capturas arbitrarias.
“Probablemente, el gobierno no encuentra una solución en el sistema de justicia y lamentablemente, su eslogan -estamos mucho más seguras con este gobierno- eso no existe y en un contexto de régimen de excepción se han registrado 43 casos de feminicidios en estos 8 meses, o sea, no estamos seguras las mujeres salvadoreñas”, acotó.
“Queremos que cesen las detenciones arbitrarias de este régimen, porque carga a las mujeres y no es solo que las mujeres jóvenes las capturen siendo inocentes, sino que, también deben cuidar hijos e hijas que no les pertenecen, llevar un sustento diario a los hogares y enfrentar el aumento de violaciones sexuales -pese al régimen de excepción- porque se siguen registrando 6 o 7 casos diarios de violencia sexual contra la niñez y adolescencia”, indicó Cáceres.
En cuanto a la seguridad, Cáceres, consideró, que una propuesta que ha surgido entre las feministas jóvenes es “Cuidémonos entre Nosotras” al generar estrategias de autodefensa y fortalecerse para formar una barrera de defensa, porque que el gobierno sigue en deuda con las mujeres.
“Tenemos temor de esos grupos delincuenciales, pero también de los cuerpos uniformados como policías y soldados, que ejercen violencia en lugar de cuidarnos y dar seguridad, pero, también, tenemos toda una propuesta de -contranarrativa- es decir, pedimos al movimiento de jóvenes mujeres generar una evidencia de datos, generar una narrativa diferente y tomarnos las redes sociales que sabemos que por ahora es un -arma- que otros lo utilizan para violentar nuestros derechos”, subrayó, Cáceres.
Anabel Recinos, integrante de la Agrupación Ciudadana contra la Despenalización del Aborto, señaló que la situación de violencia doméstica, de género, y el régimen de excepción agudiza el irrespeto a los derechos de las mujeres y se convierte en una sobrecarga. La penalización absoluta del aborto sigue siendo una “violencia estatal” y no existe una política pública para resolverla, agregó.
“Ahora, las mujeres enfrentan otro tipo de situaciones, nos damos cuenta que no les toman las denuncias, se niegan a tomarlas eso es grave”, sostuvo.
Y añadió: “hay mucha impunidad y las mujeres siguen siendo víctimas de la violencia, no les están dando medidas de protección, y hay poca voluntad política para cumplir con los marcos normativos de protección a las mujeres, ni aplican los estándares del derecho internacional que debe cumplir el Estado, y es porque este gobierno ha traído un retrocesos en materia de derechos humanos”.
Las mujeres que ejercen el periodismo no es distinta a la de otras mujeres, señaló, Krissia Girón, de la Colectiva de Mujeres Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Comunicación (MPCTI), al considerar que las periodistas “viven una doble situación de violencia”, ya sea por el contexto de riesgo que tiene el país con el régimen de excepción, así como la violencia de género y laboral vinculada a la precariedad del empleo que existe en los medios de comunicación. “El Régimen de Excepción nos mantiene en vilo porque no sabemos que tipos de restricción le aplicarán a la prensa, en primer lugar, porque en un régimen dictatorial el gobierno de Nayib Bukele, que desde el inicio de su mandado se elevó la restricción a la prensa independiente, que son restricciones peligrosas que incluso llegaron a amenazas a periodistas”, sostuvo.
“Cuando hay ataques digitales (redes twitter, FB) no son iguales para las mujeres periodistas que para los colegas, porque a ellos no los amenazan con violaciones sexuales, ni con matar a sus hijas o hijos u otras mujeres de su familia, entonces, esta carga hace que nosotras no ejerzamos el periodismo de una forma libre y tranquila, y esta es una situación que queremos resaltar”, indicó Girón.
Girón hizo un llamado al Estado a que garanticen no solo los derechos de las mujeres, sino también a respetar el ejercicio del periodismo. ”Si las mujeres no pueden ejercer libremente el periodismo, tampoco se puede construir democracia en el país y esto va también con los medios de comunicación”, acotó.
La “violencia contra personas defensoras ” también afecta a las mujeres y en la zona rural, afirmó Sonia Sánchez , del Movimiento de Mujeres de Santo Tomás (MOMUJEST), quien lamentó la inacción del gobierno para investigar actos graves que atentan contra las mujeres, como el feminicidio de Elizabeth de León, lidereza del cantón Casitas, de Santo Tomás, quien fue apuñalada 9 veces, pero no saben aún si la investigación policial y judicial ha concluido el proceso de sancionar a los hechores materiales, y si la familia se encuentra satisfecha con este resultado.
“La violencia sigue tocando a las mujeres en las comunidades, no es cierto que tengamos un gobierno que nos proteja o nos garantice seguridad. La violencia sigue, y mucho más porque ahora, no solo le tememos a los grupos criminales, sino también a la Policía Naciona Civil, porque con el Estado de Excepción se está acechando a personas inocentes que no tienen nada que ver con grupos delictivos y por esto se encuentra en deuda el Estado”, puntualizó Sánchez.
