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Luego que se diera a conocer la propuesta del 20 % en el aumento al salario mínimo en los diferentes rubros, la Defensoría del Consumidor (DC) implementó un plan de inspecciones en diferentes puntos del país, para evitar especulación y acaparamiento de productos de la canasta básica alimentaria.
Ricardo Salazar, presidente de la DC, indicó que entre las acciones a implementar están el sondeo, verificación, inspección y auditorías de los precios en las diferentes cadenas de distribución y aprovisionamiento de alimentos, comenzando en los supermercados del país.
“No queremos que ciertos grupos se aprovechen de esta situación y generen una ola especulativa en contra de la economía cotidiana de millones de salvadoreños, para así evitar que el incremento del salario mínimo se traslade como un aumento de los precios de los productos”, afirmó Salazar.
Asimismo, agregó que el objetivo es impedir la especulación, lo cual linda en el hecho de inflar los precios sin razón, y el acaparamiento, que restringe la cantidad de productos para generar escasez ficticia en el mercado.
La Defensoría ha requerido información a la Dirección General de Aduanas a efecto de tener el control de los importadores de alimentos y en función de eso, advertir sobre los incrementos injustificados en el valor de los productos.
La población puede enterarse de manera transparente y oportuna sobre los precios de referencia de los productos básicos, ofertas y más, del mercado nacional en el portal digital https://precompra.defensoria.gob.sv/.
Esta labor está amparada en la Ley de Protección al Consumidor, que brinda las herramientas necesarias para la aplicación de las normas, con el fin de identificar cualquier tipo de incremento injustificado en los precios.
Las malas prácticas empresariales que sean identificadas como delitos, tales como el agiotaje, propalación falsa o el acaparamiento, serán sancionadas en un trabajo coordinado entre la Defensoría y la Fiscalía General de la República (FGR).
Las infracciones muy graves, de acuerdo al artículo 44 literal “e” de la Ley de Protección al Consumidor, establece sanciones hasta de 500 salarios mínimos en la industria.
