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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Sonia Sánchez del Movimiento de Mujeres de Santo Tomás (MOMUJEST) aún guarda el desgaste emocional y social, que le dejó su enfrentamiento con la gran empresa de la construcción que afectaba en su territorio el derecho al acceso y preservación de los mantos acuíferos en el año 2015, en uno de los municipios semi-rurales al sur de San Salvador.
“A una hija mía la secuestraron en esa lucha contra el proyecto urbanístico, y pese a la denuncia la fiscalía no ha investigado. Han allanado dos veces mi domicilio y nunca mostraron la orden del por qué, todo esto fue en el 2017; interpuse mi denuncia ante la PDDH y no pasó nada”, resume la activista, al considerar que estas acciones por defender su territorio le ha generado criminalización y amenazas a sus vidas.
Con un intercambio de experiencias y análisis sobre la situación de los derechos humanos en el país, el Diplomado de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) realizó el foro “Violencia Institucional, Criminalización de las Personas Defensoras de Derechos Humanos de El Salvador”.
Sobre su experiencia, Sánchez explicó que enfrentó dos demandas interpuestas por el Grupo Roble, acusada junto a otras tres personas por coacción y detener el proyecto (urbanístico). Y una segunda acusación individual solo para la activista de derechos humanos, por supuesta difamación y calumnia. “Aquí falta un poco de sensibilidad -también- desde la sociedad civil, porque también han hecho señalamientos de que somos revoltosos, antidesarrollo, tira piedras (violentos), cuando solo defendíamos derechos humanos en el territorio. Sabía que ellos (Grupo Roble) querían dejar un precedente callando nuestras protestas, pero recibimos apoyo de otras organizaciones y este apoyo público permitió que el juez estudiara a fondo las dos demandas, y fuimos sobreseídos en ambas”, reseñó.
Foto Diario Co Latino/Archivo
La falta de reconocimiento a la labor de la personas defensoras demanda la necesidad de contar con una ley de protección a este ejercicio ciudadano, que esta protegido por las convenciones internacionales de derechos humanos, consideró José Lazo abogado de ProBúsqueda, al señalar los esfuerzos que la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, que aglutina a un grupo de organizaciones, demandan de un marco jurídico de protección integral.
“Sabemos que el derecho al agua lleva casi trece años en el seno de la Asamblea Legislativa; nosotros con el anteproyecto de Ley de Protección a la Persona Defensora de Derechos Humanos llevamos un año de frenar todo intento de que no se reconozcan derechos humanos vitales, y reconocer que aquellos que defendemos y promovemos estos derechos es humanizar la sociedad”, indicó.
ProBúsqueda integra el grupo de organizaciones que defienden la “Memoria Histórica”, con una amplia experiencia en desapariciones forzadas de niñas y niños durante el conflicto armado de los años ochenta, y en los que se encuentra señalado el Alto Mando de la Fuerza Armada y funcionarios del Ejecutivo de ese tiempo; los cuales aún no cuentan con acceso a la justicia, que significa la acumulación de cuatro décadas de violencia institucionalizada, agregó Lazo.
“A treinta años de la firma de los Acuerdos de Paz, con un repertorio de varias sentencias emitidas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos por graves violaciones a los derechos humanos, aún no se hace nada desde el Estado en las investigaciones y aplicación de justicia. Es un Estado ausente, que es violencia. Y digo esto porque siempre, a las madres que son quienes buscan a sus hijos o hijas se les llama a que olviden, a no pedir justicia, a que ya no busquen o que perdonen, todo eso es violencia directa”, observó.
El caso citado por el abogado de ProBúsqueda fue de las niñas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, caso por el cual fue condenado el Estado salvadoreño en marzo de 2005. “La madre de estas niñas va a la Fiscalía General de la República a interponer la denuncia de la desaparición en febrero de 1999, y el fiscal la terminó amenazando, que le iba a llamar a la policía (…) una agresión arbitraria a personas que defendía su derecho a saber de sus hijas”, manifestó.
Mientras, el abogado Abraham Ábrego de Cristosal dijo, que la violencia institucional y la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos, busca estigmatizarlos y vulnerar así su derecho a defender sus derechos, sean individuales o colectivos. Así como la población LGBTI o personas que son procesadas judicialmente y son inocentes, porque no existe una claridad en el “estatuto del defensor”.
“Si hubiera una sensibilización sobre el Estatuto del Defensor, implica reconocer lo que manda la Convención de Defensores, que es cualquier persona, no necesariamente un abogado la que promueva, eduque o defienda en derechos humanos. Que puede ser un líder o lideresa comunitaria que defiende su territorio y la comunidad, que salga a defender; y la convención no solo reconoce esta labor, sino también la protege. Y en el país ni la fiscalía tiene un parámetro para investigar este tipo de casos, sino que los adosa a la delincuencia común. Un ejemplo fue la UMO, que realizó este tipo de investigaciones sobre los crímenes de algunas personas por grupos irregulares armados”, recordó.
Krissia Elena Romero activista del Foro del Agua calificó de preocupantes los mensajes de una nueva propuesta para la Ley General de Aguas, del gobierno del presidente Nayib Bukele; además de la indolencia desde la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, en el órgano Legislativo.
“Nos preocupa que no haya consulta con la población de un tema tan delicado como el agua, no sabemos el contenido, ni nuevas propuestas y que en algunas ocasiones han dicho estar a favor de la gestión pública del agua, pero están en viabilidad los Asocios Públicos Privados en la administración del agua. Y es por esto que luchamos en su defensa”, puntualizó.
