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De las contribuciones a la Seguridad Pública

No podemos soslayar que en la ciudadanía habrá algún grado de descontento ante la puesta en vigencia del impuesto temporal o mejor dicho por la contribución especial para la seguridad, ed más por el contagio que supone la opinión pública negativa creada al respecto, que por los efectos directos.

Y es que el partido ARENA, que cuenta con la mayoría de medios de comunicación a su favor, ha manejado un discurso no solo en contra de cualquier impuestos, sino que ha manipulado la información de las supuestas fuentes de financiamiento, como por ejemplo, la supresión de plazas en el Ejecutivo.

Por cierto, sería bueno que la dirigencia de ARENA y la diputada Milena Calderón, dieran el listado de toda la gente que contrataron en sus diferentes administraciones en el Gobierno, y públicamente les pidieran que se acojan a un plan de retiro voluntario para congelar esas plazas.

Es decir, si ARENA quiere que se reduzcan las plazas en el Gobierno, las primeras que deberían sacrificar son las de su propia gente en el Gobierno, que las hay, y en abundancia.

Pero volviendo al tema central, es necesario que la ciudadanía reconozca, en primer lugar que el tema de la seguridad debe ser tarea de todos y todas, y eso significa que aportar a través de una contribución de un 5% en la factura telefónica o internet, o en la compra de un aparato telefónico, no debería considerarse una imposición injusta, sino un sacrificio para el bien del país, para el bien del ciudadano.

Además, hay que tener claro que el Gobierno ha recurrido a este mecanismo, considerado impopular, por algunos, por la urgencia de esos fondos para invertirlos en nuestra policía y soldados, principalmente.

Claro está, que una vez el Gobierno comience a recibir estos recursos, cada ciudadano tendrá la robustez moral para exigir no solo cuentas claras, sino, además resultados.

En cuanto al impacto, por lo menos en las llamadas telefónicas será hasta imperceptible, pues, a partir de ayer, gracias al trabajo eficiente y a favor de los consumidores, la Superintendencia de Comunicaciones puso en vigencia una reducción de hasta el 13% en la tarifa telefónica, y el contribución especial será del 5%.

Si comparamos estos dos hechos, con la urgencia de recursos para la seguridad, la ciudadanía terminará convencida de que el impacto será cero, si es que lo comparamos con la facturación hasta el 31 de octubre.

Esperemos, además, que los malos y perversos empresarios no acudan a la Sala de lo Constitucional, pues, de ser así, y dada la línea de afectación hacia el Gobierno que mantienen cuatro de los cinco magistrados de la Sala, se puede poner en riesgo este otro proyecto de financiación para la seguridad pública.

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