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Saúl Méndez
Colaborador
Los Comités de Solidaridad Óscar Romero del Estado español expresaron su rechazo a la propuesta de nominar al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, al considerar que su política de seguridad ha estado acompañada de denuncias de violaciones a los derechos humanos y restricciones a las libertades democráticas.
En el pronunciamiento, las organizaciones reconocieron que durante la administración de Bukele han disminuido los homicidios y se ha debilitado la capacidad operativa de las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. Señalaron que la población ha recuperado la movilidad en territorios anteriormente controlados por estos grupos y que se han reducido las extorsiones contra comerciantes y transportistas.
Los comités atribuyeron a estos resultados en materia de seguridad los elevados niveles de aprobación que mantiene el mandatario entre amplios sectores de la población salvadoreña. Sin embargo, manifestaron que estos avances no justifican las vulneraciones de derechos fundamentales denunciadas por organizaciones nacionales e internacionales.
Los comités reiteraron que las comunidades cristianas no pueden respaldar propuestas que contradicen los principios de justicia y respeto a la dignidad humana.
Once razones para rechazar la candidatura
Los Comités de Solidaridad Óscar Romero expusieron once motivos para oponerse a la eventual candidatura de Bukele al Premio Sájarov. Entre ellos, denunciaron el deterioro de las condiciones sociales, las denuncias de detenciones arbitrarias y la falta de garantías judiciales en el contexto del régimen de excepción.
Para las organizaciones, la violencia estructural vinculada a la satisfacción de las necesidades humanas básicas no ha mejorado, sino que ha empeorado. Además, consideran desproporcionado el costo social de la política de seguridad en materia de derechos humanos, debido a las denuncias de detenciones arbitrarias, incluidas las de personas defensoras de derechos humanos.
También criticaron la continuidad del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, y advirtieron que una medida concebida para circunstancias extraordinarias se ha prolongado durante más de cuatro años, por lo que su aplicación ha favorecido la restricción del debido proceso y de las garantías fundamentales, además de propiciar el silenciamiento de voces disidentes.
Otro de los puntos señalados corresponde a las denuncias de torturas, malos tratos, aislamiento y falta de atención médica en los centros penitenciarios. Los comités citaron informes de organizaciones como Human Rights Watch, Cristosal y Amnistía Internacional, que han documentado testimonios y denuncias relacionados con las condiciones de detención y presuntos abusos en el marco de la política de seguridad.
Añadieron que cientos de personas han muerto bajo custodia estatal desde el inicio del régimen de excepción. Organizaciones de derechos humanos han relacionado algunos de estos fallecimientos con las condiciones carcelarias, la falta de atención médica y los presuntos abusos contra personas detenidas.
Los comités advirtieron sobre la concentración de poder en el Ejecutivo y el debilitamiento de los contrapesos democráticos, particularmente en relación con la Asamblea Legislativa y el sistema judicial. También cuestionaron la creciente participación de las Fuerzas Armadas en la vida pública y el desempeño de funciones que exceden sus competencias.
Recordaron además la entrada de militares a la Asamblea Legislativa en febrero de 2020 y cuestionaron la presencia militar en instituciones civiles, como el Ministerio de Educación.
Cuestionan transparencia y reformas constitucionales
Las organizaciones denunciaron deficiencias de transparencia en la gestión pública, particularmente en el uso de fondos destinados a publicidad gubernamental, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas.
Además, manifestaron preocupación por las reformas constitucionales que facilitan la continuidad de Bukele en el poder, al considerar que pueden afectar la participación ciudadana y el ejercicio de las libertades democráticas.
A estas críticas sumaron la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, publicada en mayo de 2025. Los comités sostuvieron que la normativa dificulta el trabajo de organizaciones que reciben financiamiento internacional, incluidas aquellas dedicadas a la solidaridad y la defensa de los derechos humanos.
En concreto, advirtieron afectaciones provocadas por el impuesto del 30 % aplicado a determinados fondos internacionales y las sanciones económicas previstas para las organizaciones que incumplan las disposiciones legales. Alertaron que estas medidas pueden limitar el trabajo de la sociedad civil y su capacidad para fiscalizar la gestión gubernamental.
Los Comités de Solidaridad Óscar Romero sostuvieron que los resultados en seguridad atribuidos al Gobierno salvadoreño se han obtenido a costa del debilitamiento de las instituciones democráticas, la concentración del poder y las restricciones a las garantías fundamentales.
Las organizaciones insistieron en que la seguridad ciudadana debe desarrollarse en un marco de respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho. Por ello, rechazaron que ambos objetivos se presenten como incompatibles y consideraron que los avances en la reducción de la criminalidad no deben utilizarse para justificar las denuncias de abusos.
«No tiene sentido el planteamiento de tener que elegir entre una cosa u otra para justificar la injusticia, con la que no podemos comulgar», concluyeron los comités en su pronunciamiento de octubre de 2026.
