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Saúl Méndez
Colaborador
La Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), como integrante de la Coalición por la Corte Penal Internacional (CCPI), se unió al llamamiento urgente a la acción para proteger a la Corte Penal Internacional de los ataques ilegales de Estados Unidos.
La CCPI cuenta con el apoyo de más de 120 organizaciones firmantes, entre las que se encuentra la CDHES. Tiene representación en más de 61 países de todas las regiones, así como decenas de expertos jurídicos, defensores de los derechos humanos y miembros del Parlamento Europeo. Dicha coalición condenó «inequívocamente y en los términos más enérgicos» la decisión de Estados Unidos (EE. UU.) de imponer sanciones ilegales a la Corte Penal Internacional (CPI).
Miguel Montenegro, director de la CDHES, destacó que la coalición desempeña un papel muy importante y se mantiene atenta a los ataques que pueda sufrir la Corte Penal Internacional.
“Hemos visto cómo Estados como Estados Unidos han querido someter a la Corte Penal Internacional mediante sanciones, amenazas y una serie de chantajes para boicotear todas aquellas iniciativas dirigidas contra los Estados que cometen crímenes de lesa humanidad o incurren en violaciones que la Corte, como tal, tiene potestad para investigar y sancionar”, afirmó.
Para las organizaciones firmantes, esta medida sin precedentes constituye un ataque directo contra el Estado de derecho, la independencia de la Corte y la justicia internacional, lo que socava, en última instancia, los derechos de millones de víctimas y supervivientes de atrocidades masivas en todo el mundo, afirmaron.
“Estados Unidos, bajo el Gobierno de Donald Trump, ha hecho una sentencia, porque está claro que, desde la firma y la adhesión al Estatuto de la Corte Penal, Estados Unidos, al igual que otras naciones, se opuso rotundamente a su constitución y siempre estuvo en contra. También ha atacado de manera más directa, como lo está haciendo en estos momentos con ese tipo de amenazas y denuncias con las que ha querido chantajear y amenazar a los integrantes de la Corte Penal Internacional”, denunció.
«La CPI ha demostrado una resiliencia extraordinaria al cumplir su mandato con firmeza frente a ataques cada vez más intensos», expresó la coalición.
También aseguró que los Estados partes en el Estatuto de Roma deben estar a la altura de este compromiso y defender la Corte que ellos mismos establecieron, así como proteger a quienes cooperan con ella.
“Hay otros Estados que se han retirado de la Corte Penal por temor a que Estados Unidos los pueda sancionar. Es lamentable, porque, al final, los Estados deben tener claro que, en los países democráticos, la defensa de los derechos humanos debe garantizar el respeto pleno de los derechos que merece su población. Es ahí donde la Comisión de Derechos Humanos se suma como parte y miembro de la coalición”, expresó.
«Las condenas, por sí solas, no son suficientes; urge adoptar medidas coordinadas para salvaguardar la capacidad de funcionamiento de la Corte», manifestó.
“En ese sentido, no podemos permitirlo. Hacemos un llamado no solamente a los Estados conscientes de la importancia de defender los derechos humanos y la democracia, sino también a la comunidad internacional”, concluyó Montenegro.
El ataque contra la CPI
El 9 de octubre de 2026, Estados Unidos anunció la imposición de sanciones contra la CPI como institución, en virtud de la Orden Ejecutiva 14203. Estas sanciones representan la escalada más grave hasta la fecha en la campaña sostenida de Estados Unidos, cuyo objetivo declarado es desmantelar la CPI «ladrillo a ladrillo» por haber investigado crímenes presuntamente cometidos en el territorio de un Estado parte por nacionales estadounidenses o sus aliados, en particular, nacionales israelíes.
En virtud del Estatuto de Roma, la Corte puede ejercer su jurisdicción sobre crímenes cometidos en el territorio de un Estado parte, incluso cuando la persona presuntamente responsable sea nacional de un Estado que no se haya adherido a la Corte.
Desde febrero de 2025, la Administración del presidente Trump ha impuesto sanciones al exfiscal de la CPI, Karim Khan; a ambos fiscales adjuntos; a la presidenta de la CPI y a otros ocho jueces; a un miembro del personal y candidato a juez; a una relatora especial de las Naciones Unidas; y a tres organizaciones palestinas de derechos humanos.
Para la coalición, estas medidas tienen por objeto socavar el sistema del Estatuto de Roma en su conjunto e impedir la investigación y el enjuiciamiento de crímenes internacionales.
«La Orden Ejecutiva 14203 prohíbe a las personas estadounidenses prestar apoyo material o servicios a las personas y entidades designadas, incluidos los servicios financieros, y expone a las personas no estadounidenses al riesgo de sanciones secundarias por realizar actividades prohibidas por dicha orden», explicó.
Las personas estadounidenses que la infrinjan pueden enfrentarse a sanciones penales de hasta 20 años de prisión y multas de hasta un millón de dólares, además de sanciones civiles.
«Aunque la Orden Ejecutiva contempla un período transitorio de seis meses para el cese de determinadas actividades y excepciones para ciertos servicios, persisten riesgos significativos», indicó.
Dada la dependencia mundial de los sistemas financieros y de las tecnologías de la información estadounidenses, incluso los proveedores de servicios no estadounidenses, incluidos los bancos, podrían dejar de prestar servicios a la CPI por temor a sanciones o represalias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esto podría afectar a la capacidad de la Corte para mantener una cuenta bancaria, recibir contribuciones financieras de los Estados partes, efectuar pagos, remunerar a su personal y mantener sus operaciones esenciales.
«Los Países Bajos, en su condición de Estado anfitrión, y todos los Estados partes tienen la responsabilidad de garantizar que la CPI pueda seguir accediendo a los servicios esenciales para su funcionamiento», aseguró.
También expresó su preocupación por el hecho de que la Corte debe poder continuar desempeñando sus funciones fundamentales, entre ellas, investigar presuntos crímenes, celebrar audiencias, proteger a las víctimas y los testigos, y prestar servicios de asistencia letrada.
Para las víctimas, los supervivientes y los testigos de más de una docena de países cuyas situaciones están siendo investigadas por la Corte en todo el mundo, las consecuencias podrían ser profundas, alertó la coalición.
«Muchos han esperado años para obtener justicia, han relatado experiencias traumáticas y han depositado su confianza en la CPI como último recurso para obtener justicia. Cualquier interrupción del mandato y de las operaciones de la CPI podría obstaculizar su derecho a la justicia», advirtió la coalición de organizaciones, entre las que se encuentra la CDHES.
La medida también amenaza décadas de avances en los esfuerzos por garantizar la rendición de cuentas y la justicia, dejando a las víctimas de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio sin perspectivas reales de obtener rendición de cuentas, verdad y reparación.
«Las sanciones ya están socavando los esfuerzos por hacer justicia. Las tres organizaciones no gubernamentales palestinas sancionadas por cooperar con la Corte perdieron inmediatamente el acceso a sus cuentas bancarias, fondos, servicios informáticos y socios, lo que obstaculiza su labor», informó.
Sin embargo, denunciaron que los daños no se limitan a quienes son objeto directo de las sanciones, ya que estas han generado un efecto disuasorio y han afectado a la libertad de expresión y de asociación en todo el mundo.
Las sanciones contra la Corte como institución podrían agravar ese efecto. En última instancia, las víctimas, sus familiares y los supervivientes serán quienes paguen el precio más alto, aseveró.
«Estados Unidos, que no es Estado parte, está atacando abiertamente al único tribunal penal internacional permanente del mundo mediante medidas que aprovechan su posición dentro del sistema financiero mundial», lamentó.
«Si los 125 Estados partes en el Estatuto de Roma permiten que estos ataques socaven la capacidad de funcionamiento de la Corte, las consecuencias irían mucho más allá de la CPI y amenazarían el Estado de derecho en sentido amplio, la soberanía de los Estados y los sistemas de justicia a escala nacional, regional e internacional», concluyó.
