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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia otorgó un nuevo plazo de cuatro meses a la Asamblea Legislativa, para que emita una ley de reconciliación nacional y de asistencia a víctimas al conflicto armado, que cumpla con lo mandatado en la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, emitida el 13 de julio de 2016.
El nuevo plazo vence el 13 de noviembre de este año, y el órgano legislativo deberá promulgar una ley que considere las opiniones de las víctimas del conflicto armado, las organizaciones que las representan y otras expresiones de la sociedad que se interesen en colaborar en la elaboración de la legislación. La Sala considera que el actual proceso de discusión de la Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, no genera confianza en el sector de víctimas del conflicto armado y que de aprobar dicha ley, el Órgano Legislativo estaría incumpliendo las disposiciones de la sentencia de inconstitucionalidad.
Del mismo modo, la instancia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aclara que no ha elaborado ningún análisis del contenido de la Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, puesto que ello “implicaría efectuar un control previo de constitucionalidad”, y añade que por el momento, no se ha suscitado ninguna condición que requiera ejercer su competencia constitucional.
El recurso en contra de la Ley de Amnistía promulgada en 1993, fue interpuesto en marzo de 2013 por organizaciones de derechos humanos y víctimas del conflicto. La Sala de lo Constitucional de la CSJ argumentó al declarar inconstitucional dicha ley en julio de 2016, que esta cubre delitos de lesa humanidad, promovía la impunidad, por tanto violentaba el derecho a la justicia de las víctimas de la guerra.
La Sala de lo Constitucional dictaminó en 2017 que el Congreso tenía hasta el 13 de julio de 2019 para cumplir con la sentencia, día en que se cumplen tres años de la sentencia de inconstitucionalidad.
El pasado mes de mayo, la nueva legislación fue discutida en el pleno legislativo en medio de fuertes críticas de parte de múltiples sectores de la sociedad, que consideraban que esta continuaría en la misma lógica de injusticia e impunidad.
