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Oscar López
@Oscar_DCL
Como medida de presión para lograr el cumplimiento de sus exigencias, el Sindicato de Trabajadores de la Corte de Cuentas de la República (SITCCOR), cerró las instalaciones de la institución, impidiendo el ingreso de trabajadores y usuarios.
Ante esto, la Corte de Cuentas de la República (CCR) solicitó a un juez de lo laboral que se pronuncie ante las acciones que ejecutaron sindicalistas, con el objetivo que declare el cierre de las instalaciones como ilegal y con ello se retomen las actividades dentro de la institución.
“Pedimos al juez que las declare ilegales y en segundo lugar que dicte medida cautelar que ordene la inmediata apertura y el cese de las acciones de cierre de las instalaciones, para evitar la falta de fiscalización que pueda tener algún afecto negativo en las acciones de control que se realizan”, dijo Napoleón Domínguez, apoderado legal de la CCR.
Domínguez enfatizó en que con el cierre de las instalaciones de la CCR, se impide que los auditores continúen con los procesos de fiscalización a los que fueron asignados, por lo que se limita la facultad de control de los fondos públicos atribuida a la institución.
“Estamos en una época en la que se esta dando la ejecución de exámenes especiales relacionados con la ejecución de fondos durante la pandemia, con lo que se verifica los procedimientos realizados”, explicó Domínguez.
El representante legal de la CCR indicó que se está analizando si con sus acciones, los sindicalistas cometieron algún ilícito, de ser así se tomarán las acciones legales correspondientes contra quienes sean los responsables.
Por lo que también la CCR presentó un aviso penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por considerar que con las acciones el sindicato violentó el derecho al libre acceso y el derecho al trabajo de los trabajadores de la institución. Asimismo, con el cierre de las oficinas de la CCR se impidió a los ciudadanos solicitar los servicios que la institución presta.
Los delitos que la CCR pidió a la FGR investigar son: ejercicio violento del derecho, desórdenes públicos y actos arbitrarios. “Consideramos que esas tres acciones se deben investigar ya que se está cometiendo flagrante delito al cerrar instituciones públicas, esperamos que la Fiscalía tome a bien iniciar las investigaciones para que proceda una acción penal”, dijo Ulices Arce, apoderado de la CCR.
Los sindicalistas cerraron las instalaciones de la sede central de la institución, así como de las regionales instaladas en los departamentos de Santa Ana, San Miguel y San Vicente.
Los sindicalistas afirmaron que mientras no sean cumplidas sus peticiones, mantendrán las acciones de hecho. Una de las principales exigencias de los sindicalistas es el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo.
