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La Defensa Técnica cuestiona a la Fiscalía General de la República (FGR) que testigos de Bancos y Corte de Cuentas de la República (CCR) han declarado haber seguido órdenes ilegales, pero la Fiscalía esperará Certificación Judicial para iniciarles investigación.
Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
Alfonso Bonilla Hernández, quien fungió como coordinador general de auditoría en la Corte de Cuentas de la República (CCR), designado a Casa Presidencial durante el gobierno del expresidente Elías Antonio Saca, manifestó que el examen especial realizado a la cuenta de gastos reservados de la presidencia se ejecutaron de manera ilegal, ya que nunca se confrontaron dichos registros contables.
Según el testimonio, el entonces presidente de la CCR Hernán Contreras, que ha sido miembro histórico y prominente del Partido de Conciliación Nacional (PCN), ordenó auditar los gastos reservados de la presidencia y dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros.
Sin embargo, con esta orden no se le permitió hacer in situ el trabajo de auditoría, ni formar un equipo de trabajo y emitir su opinión favorable solamente con los registros contables que enviara Casa Presidencial.
En tal sentido, el testigo reconoce que nunca pudo contrarrestar datos expresados por Casa Presidencial, ya que no se facilitó la documentación requerida.
“Yo le dije que se tenía que formar un equipo de trabajo, pero el presidente de la CCR me dijo que por la naturaleza de la cuenta se me iba a enviar la información y no se debía presentar a CAPRES, sino de desde la oficinas”, dijo Bonilla Hernández.
Además, declaró que solamente tuvo en sus manos el movimiento de estado de cuenta bancarias, solicitud de los fondos al Ministerio de Hacienda y su respectiva aprobación.
El Manual de Auditoría de la Corte de Cuentas, dijo Bonilla Hernández, establece que la auditoría financiera es el examen crítico, sistemático e independiente que se realiza a las transacciones, registros informes y estados financieros, llevado a cabo por un profesional competente, con el objetivo de emitir una opinión respecto a los estados financieros de la entidad y si estos presentan razonablemente la situación financiera.
No obstante, no se cumplió la legalidad de la ejecución del examen especial de auditoría. Situación que fue admitida por el testigo al declarar “no hay amparo legal de informe de la CCR porque no se pudo corroborar ningún documento. No le daba legalidad a la ejecución de gastos reservados por los informes hechos por la entidad fiscalizadora”, sostuvo.
Dicho manual establece que uno de los objetivos principales es que se emita un informe que exprese una opinión sobre el estado de la situación financiera, estado de rendimiento económico, estado de flujo de fondo y estado de ejecución presupuestaria. Sin embargo, esto no existió, el testigo realizó estos exámenes ficticios en cinco ocasiones entre el 2004 y 2009.
El testigo reconoció que cometió una ilegalidad, sin embargo, argumentó que solamente obedecía órdenes del entonces presidente de la CCR Hernán Contreras, que históricamente ha sido dirigente del partido PCN, un histórico aliado del partido ARENA, que hoy forman parte de una coalición para las elecciones presidenciales 2019.
La Fiscalía General de la República (FGR) no quiso calificar de cómplice al expresidente de la CCR Hernán Contreras, tampoco confirmó una investigación en su contra. “La orden que recibía el testigo era realizar examen especial desde su escritorio, no se seguía el parámetro común, de que todo examen especial debía hacerse desde una visita in situ. Puede dar lugar a una investigación, no podemos confirmar y descartar, pero tenemos que tomar en cuenta que en todo caso hay que verificar el plazo de prescripción de las acciones, por el tiempo que ya ha pasado”, dijo Héctor Hernández, representante fiscal.
Hernández explicó que se estaban saltando los lineamientos normales para realizar el examen de auditoría especial. No le daban ninguna cobertura legal porque no existía confrontación con los documentos de respaldo de los gastos que se realizaban.
Tahnya Pastor, defensora de Pablo Gómez, se mostró preocupada ante la vinculación de los testigos con terceras personas y que la Fiscalía no los ha procesado, lo que podría incurrir en justicia selectiva.
“Nosotros como defensa nos preocupa bastante que los testigos que se han sentado a declarar prácticamente se están autoincriminando en la comisión de hechos delictivos y resulta raro que no se les haya iniciado investigación”, manifestó.
La Fiscalía explicó que estos hechos han surgido con la investigación del caso Saca y otros, pero esperan que el Tribunal Segundo de Sentencia emita en su pronunciamiento la apertura de procesos penales en contra de otros imputados.
En tal sentido, la defensa cuestionó que se inicie una investigación esperando la resolución del juez. “Varios testigos en este proceso son imputados en el caso Funes, tenemos una dinámica de ‘primero te traigo de testigo y después te voy a tener en el banquillo de los acusados’”, dijo Pastor.
