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Tres hombres fueron condenados en Santa Tecla tras admitir su responsabilidad en un caso de tráfico ilegal de personas hacia Estados Unidos. Foto Cortesía

Condenan a mujer por vender vehículo que pidió prestado en San Miguel

Saúl Méndez

Colaborador

El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a Sandra Yamileth Amaya Morales a cinco años de prisión por el delito de apropiación indebida de vehículo automotor. Además, le ordenó el pago de $4,000 en concepto de responsabilidad civil.

De acuerdo con las investigaciones, el 20 de octubre de 2022, en Valle Alegre, distrito de Moncagua, municipio de San Miguel Centro, la ahora condenada aprovechó la relación de amistad que mantenía con la víctima para solicitarle prestado un vehículo, supuestamente para realizar diligencias personales.

Sin embargo, Amaya Morales no devolvió el automotor y posteriormente lo vendió a otra persona. La víctima descubrió lo ocurrido cuando intentó registrar el vehículo a su nombre.

Asimismo, el tribunal ratificó la orden de detención girada contra la imputada, quien enfrentó el proceso judicial en condición de rebeldía.

Condenados por tráfico ilegal

Por otra parte, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a Eris Humberto Hernández Renderos, Esaú Alexander Díaz Bermúdez y Jorge Celín Díaz Bermúdez a cuatro años de prisión por el delito de tráfico ilegal de personas, luego de que aceptaran su responsabilidad mediante un procedimiento abreviado.

Según las investigaciones, en agosto de 2022, una de las víctimas contactó a los imputados para que trasladaran ilegalmente hacia Estados Unidos, por vía terrestre, a él, su esposa y su hija menor de edad.

Por el viaje, las víctimas entregaron $26,500, bajo el acuerdo de que los traficantes realizarían hasta tres intentos en caso de ser detenidos por autoridades migratorias en los países de tránsito.

No obstante, las víctimas no lograron llegar a Estados Unidos y los imputados tampoco cumplieron con efectuar los otros dos viajes pactados.

Durante el proceso judicial, los acusados admitieron los cargos y cancelaron la deuda pendiente con las víctimas, por lo que fueron condenados mediante procedimiento abreviado a cuatro años de prisión.

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