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Miembros de las comunidades de Nahuilingo, Sonsonate, junto a representantes de la Mesa por la Sustentabilidad y los Territorios de Sonsonate y del equipo del Foro del Agua presentan una denuncia para suspender el proyecto urbanístico “Acrópolis Sonsonate”. Foto Diario Co Latino.

Comunidades demandan en Juzgado Ambiental suspender proyecto urbanístico por contaminación

Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino

Salvador Recinos, representante de la Mesa por la Sustentabilidad y los Territorios de Sonsonate y del equipo del Foro del Agua, presentó junto a la comunidades de Nahulingo una denuncia ante el Juzgado Ambiental de Santa Ana para suspender las obras del proyecto urbanístico “Acrópolis Sonsonate”, que afecta directamente las aguas del río Ceniza y por ende a un centenar de familias que residen en las riberas.

“Hemos venido a asentar una denuncia, acompañando a los compañeros y compañeras que están en riesgo en el municipio de Nahulingo, Sonsonate, colonia Regalado, comunidad Río Ceniza, comunidad la Vega Norte y la Vega Sur, cantón Conacaste, comunidad La Huistera, comunidad la Bolsona y La Bolsita, Las Ilusiones, cantón El Edén y colonia Arturo Armando Molina”, dijo.

Asimismo, denunciaron ante la juez Norma Elizabeth Lemus las arbitrariedades que ha permitido el alcalde Miguel Antonio Mejía del partido ARENA, que le ha negado a los comunitarios información relacionada al proyecto urbanístico, pese a que la Ley de Medio Ambiente exige el proceso de la consulta ciudadana con las diferentes poblaciones alrededor de estos proyectos urbanísticos. “Acrópolis Sonsonate” se encuentra en el costado sur de la autopista Acajutla-San Salvador, al sur poniente de la nueva terminal de Sonsonate.

Los denunciantes afirman que la construcción además afecta un sitio arqueológico conocido como Tacuxcalco, por lo que pidieron la intervención de la Secretaría de Cultura de la Presidencia. Román Cartagena, residente en la comunidad La Vega, afirmó que la preocupación de los pobladores es por el patrimonio ancestral que está siendo eliminado en la zona de la urbanización.

“Pedimos a la Secretaría de Cultura de la Presidencia su presencia en el lugar donde se está haciendo la construcción, porque afecta un sitio histórico conocido como Tacuxcalco, que fue un asentamiento grande del pueblo Nahua-Pipil. Sentimos que con esta construcción, por así decirlo, está borrando nuestra cultura… el legado histórico y no puede ser, que no respeten los derechos humanos de los pueblos indígenas, de nuestro derecho al agua y de nuestro derecho a conservar el medioambiente. Somos más de dos mil personas que seremos afectadas por la contaminación de aguas negras que lanzarán al río Ceniza”, manifestó.

Otra de las preocupaciones de los habitantes está referida a la pérdida de permeabilidad de los suelos en la zona donde se construye la urbanización, que vendría a aumentar el arrastre de sedimentos y vegetación del río ceniza y provocar inundaciones en las viviendas que se encuentran a metros del cuerpo de agua.

“Nosotros en las comunidades hacemos uso de esta agua, aún limpia para beber, preparar alimentos, lavar nuestra ropa, trastos y bañarnos con nuestros pozos artesanales. Y también la ocupamos para el riego de pastizales del ganado que aunque en menor escala, dependemos de este cuerpo de agua”, refirió.

Arnulfo Ramos, del Pescadito de Oro, afirmó que la compañía constructora ha sido subcontratada por la empresa Salazar Romero, y les preocupa la desatención de los alcaldes de Nahulingo Miguel Antonio Mejía y de Sonsonate Roberto Aquino por negar información y negarse a trabajar de forma consultiva con las comunidades.

“Denunciamos estas arbitrariedades de estos alcaldes, solo queremos que no atenten contra nuestra agua y le hacemos un llamado también, para que el Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén intervenga en el tema del patrimonio cultural que están destruyendo, porque ahí hubo un asentamiento y merece ser tratado como tesoro nacional e histórico. Y queremos que el juzgado ambiental aplique la ley de medioambiente y penal, y proteja a la población de las comunidades”, sostuvo Ramos.

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