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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Representantes de la comunidad Santa Marta, en Victoria, Cabañas, se concentraron en las afueras de la Dirección General de Centros Penales para exigir que sus líderes comunitarios salgan de prisión y sigan el proceso judicial en arresto domiciliario, como lo ordenó la semana pasada el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque.
La Comunidad se dirigió a la DGCP en relación a la resolución del juzgado de primera instancia de Sensuntepeque del pasado miércoles 23 de agosto, que concedió arresto domiciliario como medida sustitutiva a la detención provisional para los líderes comunitarios de Santa Marta y de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES).
El 11 de enero de 2023, Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, líderes comunitarios de Santa Marta y directivos de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), fueron detenidos por un supuesto hecho ocurrido durante el conflicto armado en los años ochenta.
La semana pasada el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque decretó arresto domiciliario, pero esto no se ha cumplido, por lo que la comunidad pide únicamente que se cumpla lo dictaminado por la resolución de autoridad competente.
En dicho fallo judicial, se estableció que dado el grave estado de salud constatado por peritos del Instituto de Medicina Legal (IML), los detenidos deben ser llevados con urgencia al hospital Rosales para recibir atención médica durante una semana antes de ser trasladados a sus viviendas para continuar el arresto domiciliario. Sin embargo, más de una semana después, dicha orden judicial no ha sido cumplida por el sistema penitenciario.
“Venimos a solicitarle que en cumplimiento a la resolución judicial y dada la delicada situación de salud, no se retrase más la salida de prisión de nuestros compañeros. Los informes de Medicina Legal que llevaron a la jueza a ordenar su excarcelación dan cuenta de graves condiciones de salud, especialmente de quienes sufren padecimientos crónicos, pero también de quienes han desarrollado enfermedades respiratorias, gastrointestinales, de la piel y otras debido a las precarias condiciones carcelarias”, puntualizó la comunidad en la carta dirigida a la DGCP.
En ese contexto, la comunidad demandó que por legalidad y por humanidad, los líderes comunitarios sean excarcelados de forma inmediata para que reciban la atención médica requerida con urgencia y se concrete el arresto domiciliario ordenado por la jueza de instrucción de Sensuntepeque.
El abogado defensor de los líderes comunitarios, Dennis Muñoz, recordó que la jueza de instrucción ordenó el pasado 23 de agosto arresto domiciliario. El fallo quedó en suspenso para que en cinco días hábiles quedase en firme, esto debido a que si alguna de las partes (defensa o fiscalía) quedaron inconforme podrían presentar el recurso de apelación.
“El 30 de agosto, procesalmente hablando, se han cumplido los cinco días para poder presentar el recurso; sin embargo, nadie presentó ninguna apelación ni revocatoria; esto significa que, a partir de este 31 agosto, la resolución ha quedado en firme, es decir, que ya es inamovible o ya no se puede modificar tal resolución, en tal sentido, las personas acusadas injustamente deberán de pasar a sus casas de habitación con el arresto domiciliario que se resolvió”, comentó Muñoz.
El abogado defensor explicó que teóricamente los líderes comunitarios detenidos debían ser trasladados el 23 de agosto al hospital Rosales de manera inmediata, pero no se cumplió.
“Ya este es el sexto día hábil y en días calendarios, serían 9 días, digo esto porque cuando una persona está privada de libertad y con un diagnóstico de evaluación del Instituto de Medicina Legal como médicos forenses no se cuentan días hábiles”, agregó Muñoz.
En síntesis, el abogado defensor sostuvo que lo única que solicitan a la DGPC es que se cumpla la legalidad, “no que nos hagan un favor, sino que simplemente se cumpla la orden judicial dictada por la jueza aquel 23 de agosto de este año. Aquí no venimos a pedir un favor, simplemente que se cumpa la legalidad y en concreto que pasen a sus hogares, las personas acusadas injustamente”.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales han solicitado reiteradamente que se dejen en libertad.
Los defensores ambientales son acusados de cometer un presunto asesinato en 1989, durante la guerra civil. Sin embargo, las señales en el gobierno de Nayib Bukele de una posible reactivación de proyectos mineros hace pensar que el proceso judicial busca debilitar la resistencia comunitaria al respecto. Lo anterior, tomando en cuenta que los detenidos fueron parte de la lucha por prohibir la explotación de la minera metálica en el país, gracias a una fuerte organización comunal.
