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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Somos diferentes organizaciones sociales que trabajamos impulsando el Acuerdo de Escazú en El Salvador, y opinamos que de manera urgente deber trabajarse la adhesión a este compromiso internacional y honrar su contenido”, manifestó César Artiga, del Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú, El Salvador.
El Acuerdo de Escazú es un compromiso que permite el pleno derecho a la información pública, la participación social en los procesos de toma de decisiones ambientales, el acceso a la justicia en materia ambiental y la protección del derecho de las personas defensoras del medio ambiente.
La Asociación de la Microcuenca “El Aguacate”, Nayarit Mujeres y Juventudes, Mesa de la Sustentabilidad del Agua y el Medio Ambiente, Ahuachapán Sur, MILPA, la Federación de Pueblos Originarios del Sur Región de Las Nonualcos, ADEJUMUT, Alianza Ulúas, Lencas y Nonualcos: el Llamado Global de Acción Contra la Pobreza; JERES, Enlaces por la Sustentabilidad, el Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú, El Salvador y CONADAM, realizaron un urgente llamado a la administración del presidente Nayib Bukele, a fin de que presente el proyecto de adhesión al Tratado de Escazú.
“Hemos venido documentando en El Salvador, a raíz de las visitas territoriales y el acercamiento que hemos tenido con las comunidades de conocer ¿cuál es la situación ambiental que se está enfrentando a nivel nacional?, lo que nos permite reiterarle al gobierno que el país reconosidere su posición en contra al Acuerdo de Escazú”, señaló.
“Recordemos que el 24 de septiembre de 2020, en cadena nacional, el ciudadano presidente de El Salvador Nayib Bukele dijo que no se convertiría en miembro del Acuerdo de Escazú, y no io iba a firmar. A la fecha, aún no sabemos porqué el país lo rechaza y porqué no se ha hecho público un dictamen o informe que diga cuáles son esas razones”, reafirmó Artiga.
Para Artiga y las organizaciones sociales, territoriales y comunitarias que lo acompañan, esta decisión presidencial es “un error “ frente a más de 30 países que se encuentran trabajando ya en la implementación de este tratado en sus marcos jurídicos.
“Lo que procedería es que el ciudadano presidente presente ante la Asamblea Legislativa, el proyecto de adhesión y, a través de la comisión legislativa de Relaciones Exteriores se diera un dictamen favorable y se vote con 43 votos (mayoría simple), en el pleno, y entonces, el país se convertiría en Estado miembro del Acuerdo de Escazú”, apuntó.
“Hacemos en colectivo este llamado urgente al gobierno y también a la ciudadanía que conozca sobre el Tratado de Escazú, y se de cuenta de la importancia de este instrumento, y se apropien de este convenio y lo lleven a sus territorios y comunidades, que es un instrumento que reconoce el trabajo de los defensores y compremete al Estado a su protección”, indicó.
“Desde las organizaciones comunitarias, las redes territoriales y las agrupaciones ciudadanas que trabajamos en la defensa, cuidado y protección del medio ambiente, hacemos el urgente llamado al presidente Nayib Bukele a impulsar la pronta adhesión al Acuerdo de Escazú”, dijo, Margarita Durán, Federación de Pueblos Originarios del Sur, Región de Las Nonualcos, al agregar que el país se encuentra en un “contexto de creciente amenzas” a los recursos naturales.
“Actualmente, en todo el territorio nacional, con particular énfasis en la zona marino costera, existe una fuerte presión debido a los megaproyectos que promueve el Órgano Ejecutivo, los cuales, amenazan a las comunidades con desalojos y desplazamientos forzados, generando además especulaciones sobre sus tierras y negando el derecho al agua, alimentación, el hábitat y la vivienda”, acotó Durán.
Igualmente, sobre las personas defensoras del medio ambiente, Durán, agregó que se encuentran en total desprotección por parte del Estado, y al no estar reconocidos en la legislación nacional, les expone a la persecución y criminalización, cuando en realidad sólo se encuentran ejerciendo su derecho a defender su territorio y derechos básicos como el agua y modos de vida.
“Esta defensa nos expone a ataques a nuestra integridad y vidas, a la censura, a bloqueos y campañas de desprestigio y difamación. El Acuerdo de Escazú, es el único tratado en todo el mundo que establece esta disposición vinculante para que los Estados reconozcan a las personas defensoras del medio ambiente y por eso exigimos su adhesión”, indicó Durán.
Mientras, Victoria Chávez, del colectivo NAYARIT Mujeres y Juventudes, lamentó la imposición de un “modelo de megaproyectos” que está profundizando múltiples crisis que impactan en la población que reside en zonas vulnerables. Y que junto a la destrucción y pérdida acelerada de biodiversidad, sistemáticamente vienen excluyendo la participación u opinión de los pobladores en los territorios intervenidos.
La lideresa indígena está al frente de la defensa del Cerrito de Quezaltepeque, que generó una inspección por parte de la Jueza Ambiental (Santa Tecla), quien consideró la gravedad de la extracción masiva de material petréo de El Cerrito y dictó medidas cautelares.
“Estamos preocupadas, porque el Juzgado Ambiental ha dado resoluciones que si bien me alegran por un lado, pero el hecho es que pese a que existan medidas cautelares, no garantiza totalmente la protección de este bien natural”, afirmó.
“Esas medidas de la Jueza, que ha solicitado información y que seriamente se revalúe el tema del Cerrito de Quezaltepeque es importante . Porque de no pasarle la información que necesita pasara el caso a la Fiscalía General,para que se abra una investigación exhaustiva, lamentablemente de todos es conocido que el Cerrito tiene un daño totalmente irreversible”, expresó Chávez.
Sobre la adhesión urgente del Acuerdo de Escazú, señalaron que es una oportunidad para constatar el “nivel de voluntad ética y política” con el medio ambiente y se manifestara en los tres órganos del Estado.
“Se observa una profundización de una cultura de privilegios e impunidad para quienes depredan y contaminan los bienes comunes naturales. Y por eso creemos que si hablan de desarrollo, pero destruye la naturaleza, entonces, no es desarrollo”, consideró César Artiga.
Artiga consideró que era importante que El Salvador avance en términos de “democracia y gobernanza ambiental”, al considerar que era inaceptable que mientras otros países de la región se encontraban sentando bases para implementar el Acuerdo de Escazú, el país siga retrocediendo en materia de protección ambiental.
“Si se acercaran a las comunidades se darían cuenta de la gran preocupación de las personas por el deterioro ambiental que se vive y la persecución que las personas defensoras enfrentan en la defensa de los bienes naturales en sus territorios”, concluyó Artiga.
