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viernes , 20 octubre 2017
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Comité del gobierno panameño recomendará cierre de proyecto hidroeléctrico

Ciudad de Panamá/AFP

Un comité del gobierno de Panamá recomendará la cancelación temporal de un proyecto hidroeléctrico en construcción, cheap y que era ampliamente rechazado por los indígenas, por incumplimiento ambiental y cultural de la empresa que lo lleva a cabo, informó el martes el Ejecutivo panameño.

El Comité de Alto Nivel designado por el gobierno panameño “recomendará mañana martes al Consejo de Gabinete la suspensión de los trabajos de construcción en el proyecto” de Barro Blanco, en la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica.

Ese Comité, liderado por la vicepresidenta y canciller, Isabel de Saint Malo, quien este lunes se reunió con los indígenas que se oponen al proyecto, detectó un “incumplimiento de la empresa” en materia ambiental y cultural, según un comunicado.

Indígenas de la comarca Ngöbe Buglé han protestado en diversas ocasiones, a veces con choques con la Policía, por este proyecto que se desarrolla en su área territorial (oeste).

Los indígenas temen la inundación y violación de sus territorios, además de la destrucción del río Tabasará (Chiriquí), donde se levanta el proyecto que adelanta la empresa panameña Generadora del Istmo S.A. (GENISA), que niega tales afectaciones.

“Hay un sinnúmero de temas no resueltos, por lo que le corresponde al Estado velar por los compromisos establecidos entre la empresa y la comunidad”, según el gobierno panameño.

El proyecto hidroeléctrico Barro Blanco tiene proyectada una capacidad superior a los 28 megawatios, según la compañía.

Con esa recomendación se pretende ahora que inicie un diálogo entre las comunidades indígenas, la empresa y el gobierno para la realización o no del proyecto, según el Comité.

Gobierno declara como zona protegida parte de la Bahía de Panamá

El presidente panameño, Juan Carlos Varela, sancionó una ley que declara una parte de la Bahía de Panamá como área protegida ante la amenaza de proyectos inmobialiarios.

“Garantizar el derecho al medio ambiente sano es prioridad”, aseguró Varela, según el cual la ley “representa el esfuerzo, la lucha y la convicción de una sociedad civil que se organizó e impidió con argumentos científicos y legales, que se destruyera parte de este sitio de importancia internacional”.

La norma prohibe la caza y cualquier actividad que afecte el flujo hidrológico de los manglares en el área protegida.

“La pesca sólo podrá ser artesanal y los proyectos inmobiliarios quedan también prohibidos hasta que se elabore en 2 años un plan de manejo” para esta zona de 85.664 hectáreas de superficie, dijo a la AFP Zuleika Pinzón, directora de Áreas Protegidas de la Autoridad Nacional del Ambiente.

Grupos ecologistas venían denunciando en los últimos años la destrucción de los manglares por la construcción sobre rellenos en el mar de distintos proyectos inmobiliarios como canchas de golf, un hotel, parques industriales, comercios y viviendas de lujo.

Todo ello pese a que una parte de la Bahía de Panamá es un sitio “Ramsar”, el tratado intergubernamental del que Panamá es signatario y que sirve de marco internacional para proteger los humedales.

Los expertos aseguran que los humedales y manglares ayudan a controlar las inundaciones, actúan como filtros naturales de la lluvia, aportan humedad a la atmósfera y absorben gases de carbono, por lo que contribuyen a reducir el calentamiento global.

“Es de mucha satisfacción que Panamá cuente con esta ley para proteger sus humedales. Todos sabemos la cantidad de intereses que están sobre esos humedales”, aseguró a la AFP Rita Spadafora, directora ejecutiva de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON).

En Panamá existen 39 humedales en el territorio continental, que abarcan unos 5.100 km2, a los que se suman los existentes en varias islas del Pacífico y del Caribe.

De ellos, cinco corresponden a sitios “Ramsar”, que distingue la calidad e importancia de unos ecosistemas que proveen recursos forestales y sirven de hábitat a peces, langostas, camarones y cangrejos.

En esa zona viven decenas de miles de personas, que ya han padecido los efectos de las inundaciones, y también se ubica el aeropuerto internacional de Tocumen.

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