El proyecto beneficiará a 65 centros escolares a nivel nacional y 1,500 niños con discapacidades. Además, se habilitarán 10 mil modalidades flexibles y se espera la incorporación al sistema educativo de 4,500 menores de edad retornados a El Salvador.
Redacción Nacionales
@DiarioCoLationo
La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto emitió dictamen favorable para autorizar a El Salvador a suscribir un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de $150 millones.
Según menciona el decreto, con los fondos se ejecutará el “Programa de Trayectorias Educativas Completas y su Resiliencia al Cambio Climático” que busca garantizar que las trayectorias educativas de niños, niñas y jóvenes no se vean interrumpidas por factores socioeconómicos o ambientales.
La subdirectora general de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Delia Reyes, explicó a los legisladores que el contrato fue suscrito por dicha institución, el 6 de octubre, tras haber recibido la autorización por parte de la Asamblea en agosto de este mismo año. Es decir, esta aprobación es la ratificación del préstamo o lo que se le llama “segunda vuelta”.

Reyes detalló que el proyecto beneficiará a 65 centros escolares a escala nacional y 1,500 niños con discapacidades. Además, se habilitarán 10 mil modalidades flexibles y se espera la incorporación al sistema educativo de 4,500 menores de edad retornados a El Salvador.
“El objetivo del proyecto es contribuir a la consolidación de trayectorias educativas completas para los estudiantes del sector público, favoreciendo especialmente a aquellos que enfrentan barreras de acceso, incluyendo personas con discapacidad y jóvenes retornados al país”, manifestó la funcionaria.
Reyes ahondó en que habrá una ampliación de cupos escolares desde parvularia hasta bachillerato y se reforzará la capacidad de gestión del sistema educativo, incorporando un enfoque de resiliencia ante riesgos climáticos y fortaleciendo la respuesta institucional ante emergencias.
Asimismo, se mejoraría la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje mediante la formación docente y el uso de modalidades flexibles adaptadas a las realidades del alumnado.
El programa también fortalecería la educación inclusiva, adaptándola a las necesidades de estudiantes en situación de vulnerabilidad, particularmente aquellos con discapacidad, para garantizar su participación, permanencia y progreso académico.
El programa contempla cinco componentes clave que estructuran su implementación. El primero de ellos es la expansión de la oferta educativa: este componente busca incrementar los cupos escolares a través de la ampliación, rehabilitación y construcción de infraestructura educativa sostenible y resiliente al cambio climático. Incluye la adecuación y equipamiento de aulas, dotación de mobiliario y recursos a las escuelas del sistema público.
El segundo es el fortalecimiento de los aprendizajes y la calidad educativa, donde se prioriza el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la formación, capacitación y acompañamiento pedagógico a docentes y directores, así como la promoción de metodologías innovadoras. El tercero es el fortalecimiento del servicio educativo para estudiantes con discapacidad: este eje tiene como objetivo mejorar la educación inclusiva, adecuando materiales, insumos y equipos a las necesidades específicas de estudiantes con discapacidad visual, auditiva, de movilidad o del habla. Se incluyen servicios de consultoría para la identificación y seguimiento personalizado de estas trayectorias educativas.
El cuarto es fortalecer los protocolos de intercambio de información entre autoridades migratorias y educativas, con el fin de identificar a niños y adolescentes retornados que puedan reinsertarse en el sistema educativo.
El quinto es el Fortalecimiento de la capacidad institucional para la gestión educativa, que busca mejorar la capacidad de gestión educativa a nivel central, departamental y local, para ello se implementará un enfoque estratégico en las oficinas del Ministerio de Educación, que permita una coordinación más eficiente y efectiva del sistema educativo, particularmente en los centros escolares beneficiarios del programa.
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