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Saúl Méndez
Colaborador
Ante la invitación realizada al vicepresidente de la República, Félix Ulloa, para participar en una actividad en la Facultad Multidisciplinaria de Oriente de la Universidad de El Salvador (UES), diversos colectivos de la comunidad universitaria manifestaron la necesidad de mantener una postura crítica frente a la presencia del funcionario, a quien señalan de negar o minimizar denuncias sobre detenciones arbitrarias, muertes bajo custodia estatal y restricciones al derecho de defensa, documentadas por organismos nacionales e internacionales.
La ponencia del vicepresidente está programada para este jueves 11 de junio en la Facultad Multidisciplinaria de Oriente y abordará el tema “El control constitucional y las causas de la implementación del régimen de excepción en El Salvador”.
Ante ello, la comunidad universitaria consideró pertinente exponer una serie de valoraciones académicas, jurídicas e institucionales, al tiempo que reafirmó la libertad de cátedra, la libertad de expresión y el debate plural como principios fundamentales de la vida universitaria.
«Afirmamos que ninguna intervención pública realizada dentro de la Universidad debe quedar exenta de examen crítico, contraste argumentado, contextualización documental y posibilidad de réplica académica», señalaron los colectivos de la UES.
En ese sentido, manifestaron la necesidad de que el vicepresidente responda ante la comunidad universitaria sobre las denuncias documentadas relativas a detenciones arbitrarias, muertes bajo custodia estatal, restricciones al derecho de defensa, juicios colectivos y la prolongación de medidas excepcionales.
«La Universidad no está llamada a impedir la palabra, sino a impedir que la palabra pública se convierta en una plataforma complaciente de legitimación del poder», sostuvieron.
La invitación al vicepresidente Félix Ulloa ocurre en un contexto nacional marcado por la prolongación del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, así como por la acumulación de informes nacionales e internacionales que documentan detenciones masivas, denuncias de desaparición forzada, tortura, muertes bajo custodia estatal, restricciones al debido proceso, condiciones penitenciarias incompatibles con la dignidad humana y juicios colectivos que dificultan la individualización de responsabilidades.
«La violencia homicida asociada a estructuras de pandillas se ha reducido de manera significativa», reconocieron los colectivos de la UES.
No obstante, advirtieron que esa reducción ha sido vinculada a procedimientos opacos cuestionados por investigaciones periodísticas sobre presuntas negociaciones gubernamentales con líderes de pandillas y que no debe utilizarse como justificación para la suspensión prolongada de garantías constitucionales, la normalización de medidas excepcionales ni el debilitamiento del derecho de defensa, la presunción de inocencia y el control judicial efectivo.
«El régimen de excepción no puede ser propuesto como sustituto del orden constitucional», afirmaron.
Asimismo, indicaron que es necesario incorporar al debate la discusión sobre el control constitucional.
«Como categoría jurídica, el control constitucional designa el conjunto de mecanismos orientados a asegurar la supremacía de la Constitución, evitar el ejercicio arbitrario del poder público, garantizar los derechos fundamentales y someter toda actuación estatal, incluidas las políticas de seguridad, a criterios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, temporalidad y responsabilidad», explicaron.
«En un Estado constitucional de derecho, el control constitucional constituye una garantía material frente al abuso del poder», advirtieron.
«El control constitucional también debe analizarse como una práctica real», agregaron.
Ante ello, solicitaron que la facultad, especialmente por tratarse de una actividad vinculada al área jurídica, promueva un debate riguroso sobre el papel efectivo del control constitucional en El Salvador, no solo como doctrina, sino como práctica institucional verificable.
También pidieron que se aclare públicamente si la actividad corresponde a una iniciativa particular de una cátedra, un docente o un grupo estudiantil, o si se presenta como una actividad institucional de la Facultad o de la Universidad de El Salvador.
**La Universidad de El Salvador frente a un contexto marcado por vulneraciones a derechos humanos**
Los colectivos universitarios que impulsan este pronunciamiento señalaron que El Salvador atraviesa un contexto caracterizado por la concentración de poder, el debilitamiento de los contrapesos institucionales, la prolongación indefinida de medidas excepcionales, la expansión del sistema penal y la falta de controles efectivos sobre decisiones que afectan la libertad, la integridad y la vida de miles de personas.
«Cuando el control constitucional deja de operar como límite y se convierte en validación formal de decisiones previamente tomadas por el poder político, la Constitución pierde eficacia normativa y se reduce a un lenguaje de cobertura institucional», afirmaron.
Asimismo, sostuvieron que la discusión trasciende la participación del vicepresidente en una actividad universitaria.
«La cuestión de fondo es si una universidad pública debe recibir sin reflexión académica a un alto funcionario que ha defendido públicamente el régimen de excepción, los juicios colectivos y las reformas penales cuestionadas por organismos nacionales e internacionales», señalaron.
«La Universidad pregunta qué entiende dicho funcionario por garantías judiciales, debido proceso, responsabilidad estatal y control constitucional», cuestionaron.
Agregaron que la Universidad de El Salvador posee una trayectoria histórica vinculada al compromiso con las mayorías populares, la búsqueda de la verdad, el pensamiento crítico y la contribución a la solución de los problemas nacionales.
«Esa historia ha sido escrita, en numerosas ocasiones, a un costo humano que no debe ser olvidado. Por ello, no puede renunciar a su función crítica cuando altos funcionarios públicos ingresan a sus espacios», advirtieron.
Los colectivos reafirmaron que defender la libertad de cátedra no implica suspender el juicio académico.
«Defender el debate plural no significa conceder tribunas sin preguntas. Defender la Universidad implica sostener que todo poder público debe estar sujeto a crítica, documentación, control constitucional y rendición de cuentas», enfatizaron.
«Llamamos a la comunidad universitaria a mantener viva la práctica de contribuir a una sociedad más justa y a pronunciarse de manera constante frente a los acontecimientos políticos, sociales, económicos y culturales que afectan a las grandes mayorías del país», concluyeron.
