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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de la celebración del “Día Internacional de la Niña”, invitó a los Estados miembro a “tomar acciones para poner fin a toda forma de violencia sexual y reducir las altas tasas de embarazo forzado de niñas y adolescentes de la región”, a través de un enfoque de protección y la garantía de sus derechos sexuales y reproductivos.
Asimismo, la CIDH reiteró en su que los enfoques estratégicos de protección a los derechos de las niñas se relacionan también con el abordaje de las “causas estructurales” sociales, económicas y culturales que generan diversas formas de violencia y embarazos forzados.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo mandato proviene de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La CIDH tiene el mandato promover y observar la defensa de los derechos humanos de la región y actúa también como “órgano consultivo” de la OEA en esa materia.
Mientras, el país, en un Régimen de Excepción que se ha prologando por siete meses, ha sido denunciando por organizaciones de la sociedad civil por violar los derechos de la niñez y adolescencia
En abril pasado, también, un informe de la UNICEF planteaba que “Encarcelar a los niños, niñas y adolescentes no proporciona un entorno que mejore su desarrollo ni promueve su reintegración como miembro positivo de la sociedad”, porque consideraban que esto podría provocar una alta deserción escolar y que podría culminar en un nuevo ciclo de violencia, exclusión y pobreza.
El pronunciamiento de la CIDH citó el informe “Violencia y Discriminación contra las Mujeres, Niñas y Adolestes” (2019) en donde dan cuenta que existen cerca de 10 millones de niñas y adolescentes embarazadas cada año, que hay una tendencia de aumento en el número de “partos de niñas” menores de 15 años, al citar las estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de las Naciones Unidas para las Poblaciones (UNPFA).
“La OPS ha estimado que hasta el 20%son producto de violencia sexual, lo que es agravado por la iniciación sexual temprana, la falta de acceso a información y de programas de educación sexual de calidad”, alegó.
“El embarazo representa un alto riesgo para la salud de niñas y adolescentes. Datos de 20202 de la OPS indican que las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte a nivel mundial entre los 15 y 19 años”, señaló la CIDH.
La Comisión consideró que este problema no solo impacta de manera “desproporcionada los derechos a la vida, integridad personal, salud y vida privada”, al reconocer que influyen al generar repercusiones en la salud mental, que puede obligar a estas niñas al aislamiento social, lesiones auto inflingidas e incluso el suicidio en especial cuando hay de por medio violencia sexual.
“De ahí que el Comité de la CEDAW establezca que un embarazo forzado constituye violencia del género y equivale a tortura o trata cruel e inhumano y degrante”, reafirmó.
“En nuestra región aún persisten normas y patrones sociales que fomentan la cultura del silencio, que encubren y justifican a los agresores, y culpa a las víctimas, invisibilizando diversas formas de violencia sexual. Los abordajes revictimizantes y con un alto grado de estigma generan desconfianza en los sistemas de justicia o salud”, manifestaron.
Sobre estas afectaciones la CIDH señaló la urgente necesidad de implementar políticas públicas y sistemas de protección con perspectiva de género. Todo esto basado en el “interés superior de las niñas y adolescentes”, al proporcionar espacios y atención que garanticen sus derechos, y su libertad de recibir información sobre sus derechos sexuales y reproductivos.
“Adicionalmente, resulta preocupante que aun en los casos en los que las niñas y adolescentes tienen legalmente garantizado el acceso a la interrupción del embarazo, persisten las barreras para su acceso, muchas veces fundadas en estereotipos de género”, afirmó.
Y que la “La denegación de la interrupción voluntaria, segura y oportuna del embarazo en las circunstancias legalmente permitidas, constituye una vulneración a los derechos fundamentales de las niñas y adolescentes”, reiteró.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos invitó a los Estados a implementar políticas, protocolos y otros mecanismos con el fin de garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva integral, a métodos de contracepción de emergencia y la interrupción legal del embarazo, de manera oportuna y gratuita.
Así como, información veraz, suficiente y confidencial que garantice a las niñas y sus familias cualquier tipo de hostigamiento o violencia.
“La CIDH considera crucial implementar una educación sexual integral en el currículo educativo que incluya información objetiva, accesible conforme a la edad de cada niña y niño y adaptada a su nivel de desarrollo, de tal forma que se impulse el empoderamiento y conozcan el contenido de los derechos sexuales y reproductivos”, acotó.
“Como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Guzmán Albarracín y otras vs Ecuador, una educación sexual de calidad es también un mecanismo de prevención, ya que otorga a los niños, niñas y adolescentes las herramientas para identificar riesgos y situaciones de violencia sexual”, puntualizó.
