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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado al Estado de El Salvador para que restablezca la “plena vigencia de los derechos y garantías suspendidas durante los últimos 12 meses”, que se enmarcan en el régimen de excepción que fue decretado por la Asamblea Legislativa a petición del Ejecutivo, alegando motivos de seguridad ciudadana.
“La CIDH urge al Estado respetar los derechos humanos en la adopción de las medidas para la prevención, control y repuesta a la criminalidad , así como a investigar, procesar y sancionar las actividades delictivas”, señala en un comunicado oficial.
La CIDH reseña que fue el pasado 15 de marzo de 2023, que la Asamblea Legislativa decretó prolongar por décima segunda vez consecutiva el régimen de excepción, que establece el Decreto Legislativo #333 del 27 de marzo de 2022, cuyo acuerdo con esta normativa se mantienen suspendidos los derechos y garantías constitucionales (artículos 12 y 13) .
El primero se refiere al “derecho de la persona detenida a ser informada de manera inmediata y comprensible de sus derechos y las razones de su detención, a no ser obligada a declarar y contar con asistencia legal en su defensa.
Mientras, el segundo artículo está referido a la disposición del plazo de 72 horas (3 días) para la detención administrativa y la consignación de la persona detenida ante un juez competente dentro de ese plazo. Y reiteraron que este decreto del régimen de excepción también suspende el artículo 24 de la Constitución sobre la inviolabilidad de la correspondencia de toda clase, salvo bajo los términos previstos en la ley como las consecuencias de intervención ilegal en las telecomunicaciones.
“El Estado afirmó a la CIDH que tanto las reformas a las leyes, como las herramientas y estrategias creadas para el combate a la violencia en el país, se han adoptado en respeto de los postulados constitucionales y a estándares internacionales de derechos humanos”.
Y que tales decretos referentes al régimen de excepción el Estado ha alegado que fue a aspectos fácticos que les llevaron a tomar la decisión de suspender los derechos constitucionales de la población salvadoreña.
“Si bien se tiene información del Estado de que el país alcanzó una reducción de la criminalidad sin precedentes, contabilizando 188 días sin homicidios en los últimos 12 meses, la CIDH ha alertado al Estado de El Salvador que la suspensión de derechos y garantías especialmente cuando aplicada de manera indefinida constituye un mecanismo inadecuado para enfrentar el crimen común”, manifestó.
“Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que la Convención Americana autoriza la suspensión de ciertos derechos y libertades en carácter excepción -en la medidas y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de las situación- (art.27 CADH) Los Estados solo pueden recurrir a este precepto en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia y seguridad del Estado Parte”, refiere.
En cuanto a la perspectiva de derechos humanos, la CIDH reafirmó que la problemática de la “criminalidad, la violencia y su impacto en la seguridad ciudadana” puede fortalecerse a través de la participación democrática y con la implementación de políticas centradas en la protección de la persona humana.
“La CIDH hace un llamado a adoptar las medidas necesarias para restablecer los derechos y garantías suspendidos y reitera su disposición para realizar una visita al país y colaborar técnicamente en la implementación de los estándares interamericanos de derechos humanos”, detalla en el comunicado.
