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Redacción Nacionales
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Tras conocerse que la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) no participará en la captura de “algunos” exfuncionarios del gobierno del expresidente Mauricio Funes por tratarse de un asunto “político” y no “judicial”, diputados en la Asamblea Legislativa han reaccionado y manifestado que esta decisión es porque en los casos no se ha seguido el debido proceso.
La INTERPOL notificó recientemente dicha decisión al juez Segundo de Paz de San Salvador, quien es el que lleva el caso. La INTERPOL dijo que se iba a eliminar la “Difusión Roja” de sus bases de datos contra los exfuncionarios.
La diputada Anabel Belloso, del Frente Farabundo Martí para la Liberación (FMLN), afirmó que el caso de los exfuncionarios del frente sí se trata de una “persecución política”, donde “todo el marco institucional, que es responsable de llevar adelante los procesos de investigación, de impartir justicia, hoy ya no goza de independencia (puesto que) son funcionarios que han sido impuestos”.
Belloso dijo que la respuesta de la INTERPOL se basa en el marco de que no existe confianza en que esos procesos tengan fundamento y “que a todas luces es claro que están motivados por persecución política” por tanto, bajo los criterios que funciona la INTERPOL han determinado no participar, sostuvo.
El jefe de fracción de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), René Portillo Cuadra afirmó que según protocolos de INTERPOL, las únicas órdenes de captura que sí se pueden hacerse efectivas en el extranjero, son aquellas que vienen del debido proceso, “eso significa que las órdenes de capturas emitidas para algunos funcionarios y exfuncionarios carecen del debido proceso legal, y es la razón por la cual, INTERPOL se ha negado a acatar estas órdenes emanadas de un tribunal salvadoreño. Lo que esto significa es que el Órgano Judicial, pero en particular las resoluciones de algunos jueces, han perdido credibilidad, ya no solo en el ámbito nacional, sino también internacional», comentó.
Similar opinión expresó el diputado Johnny Wright Sol, de Nuestro Tiempo, quien dijo que la INTERPOL tomó esa decisión con base a considerar que estas peticiones de detención tienen “tinte político”, y le parece que en el caso de muchas de las capturas que se han realizado, “no se ha seguido el debido proceso y, por tanto, es lógico que una institución seria como INTERPOL resuelva de esta manera”.
El legislador de oposición comentó que no se debe perder de vista “el claro desmantelamiento del Estado de Derecho y una pérdida de garantías procesales y de toda naturaleza y, sobre todo, con las decisiones que vimos el domingo en la Corte Suprema de Justicia en donde lo que se busca aquí en el país es manipular la justicia para tener una justicia al gusto del presidente de la República”.
Mientras que la diputada Claudia Ortiz, de VAMOS, dijo que a nivel internacional se está siendo claro que la administración actual de Nayib Bukele “está perdiendo la confianza con diferentes actores”.
Por ello, la legisladora dijo que es importante que las instituciones de Justicia del país desarrollen investigaciones en temas de luchas contra la corrupción que sean sustentadas e independientes, “lamentable en estos momentos no contamos con las garantías de independencia ni en la Fiscalía ni en el órgano de justicia”.
Mientras que diputados del oficialismo criticaron la decisión de la INTERPOL, tal es el caso de el diputado Guillermo Gallegos de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), quien dijo que esta decisión es “bastante difícil de poder asimilar como gobierno”.
“Es bien notorio que ellos (exfuncionarios) han cometido delitos en el país por los cuales están siendo procesados”, comentó Gallegos.
La INTERPOL ha manifestado que se trata de “persecución política”. Elementos que Gallegos lo negó, “aquí no hay persecución política, lo que hay es responsabilidades por delitos cometidos por algunos funcionarios y nos parece que INTERPOL debería de asesorarse muy bien sobre estas decisiones que toma”, agregó.
También dijo que la no participación de la Organización Internacional de Policía Criminal “complica al poderlos detener en cualquier parte del mundo; sin embargo, las órdenes de captura van a seguir vigentes en el país, pero el lamentable la decisión de la INTERPOL, nos parece que no está apegada a la realidad del país”.
Justamente en el artículo 3 del estatuto de la INTERPOL se detalla que: “esta rigurosamente prohibida a la Organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial”. La INTERPOL consideró que las acusaciones contra los exfuncionarios del primer gobierno del FMLN son de esta índole.
El diputado de GANA, Romeo Auerbach, dijo que es “una ignorancia” de la INTERPOL porque se le está decretando por parte del juez, detención por supuestos actos de corrupción, “definitivamente más claro no puede estar”, comentó.
El Ministerio Público acusó a los exfuncionarios del supuesto delito de haber recibido sobresueldos y giró órdenes de captura internacional. Por este supuesto delito guardan prisión la ex ministra de Salud, Violeta Menjívar; la ex viceministra de Ciencia y Tecnología, Erlinda Hándal; el ex viceministro de Trabajo, Calixto Mejía; el ex ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, así como el viceministro de Agricultura y Ganadería, Hugo Flores.
Mientras que ahora la extinta “difusión Roja” internacional era contra el ex vicepresidente y presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén; la ministra de Medio Ambiente, Lina Dolores Polh; presidente de CEPA y ministro de Agricultura y Ganadería, Guillermo López Suárez, el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, y el ex secretario Privado de la Presidencia, Manuel Melgar.
Tanto los capturados como los perseguidos han manifestado que sus casos son acciones típicas de persecución política, lo que quedaría demostrado con la decisión de la INTERPOL de eliminar la difusión roja.
