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Redacción Nacionales
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“Esta propuesta no requiere reforma constitucional, la pueden aprobar ya. Además, si realmente hay independencia de poderes del Estado, entonces, la Asamblea Legislativa tiene que responder por la integridad de las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes”, afirmó, Morena Herrera, de la Colectiva Feminista.
En el marco del “Día de Acción por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe”, diversas organizaciones, colectivos y asociaciones de mujeres feministas marcharon por las calles de San Salvador hacia la Asamblea Legislativa para exigir la aprobación de la “Reforma Beatriz”, en adición al artículo 133 del Código Penal, ante los efectos negativos que la penalización absoluta de la interrupción del embarazo provoca en las mujeres salvadoreñas.
A cuatro años de la muerte de Beatriz, la joven de 23 años de edad, de la zona rural del país, quien solicitó un amparo ante la Sala de lo Constitucional para efectuarse un aborto por su diagnóstico de Lupus Eritematoso Sistémico, y un feto anencefálico (sin cerebro) que ponía en riesgo la salud de la madre, las organizaciones feministas siguen en su lucha a favor de las mujeres.
El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) quien dictó “Medidas Provisionales” para ser cumplidas por el Estado salvadoreño, para salvar la vida de Beatriz. No obstante, tuvo que esperar 81 días hasta que le fue realizada una cesárea y su hija murió a las cinco horas de nacida como lo previó el personal médico. En el recorrido hubo un acto simbólico a la memoria de Beatriz, en la Plaza la Salud, que estuvo a cargo de Sonia Sánchez defensora de derechos humanos de las Mujeres de Santo Tomás, quien recordó que la vida y la salud de las mujeres es un derecho que ha sido invisibilizado históricamente.
“Hoy estamos frente al monumento de Beatriz, para hacer una ofrenda a esta mujer que dio la lucha, que batalló por un derecho que le fue negado, que es el derecho a la salud. Beatriz, nos dejó su legado de fortaleza y de testimonio de como los derechos humanos son irrespetados en nuestro país, pero que unidas y articuladas podemos generar justicia, esa justicia que se nos ha negado históricamente a las mujeres, niñas y adolescentes”, expresó Sánchez.
En el pronunciamiento de las mujeres enfatiza la preocupación creciente sobre la vulneración de los derechos reproductivos de las mujeres en América Latina, y en especial en los seis países que incluye a El Salvador, con la penalización absoluta por la irrupción de un embarazo.
“Las mujeres también son condenadas con 40 años de cárcel por sufrir abortos espontáneos y emergencias obstétricas. Y la mayoría de las mujeres que han sufrido estas condenadas tienen en común vivir en extrema pobreza y en zonas rurales. Y pueden ser adultas o jóvenes”, dice el pronunciamiento de las defensoras de los derechos de las mujeres.
“Tenemos, además, frente a esta realidad, el aumento en la cantidad de niñas y adolescentes embarazadas. Se han identificado que 6,935 entre niñas y adolescentes resultaron embarazadas en el primer semestre del 2021, o sea, 38 niñas y adolescentes embarazadas cada día, superando la cifra del año pasado, que fue de 6,830 embarazos en niñas y adolescentes”, sostuvo la activista Morena Herrera.
En cuanto a la criminalización absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo constituye una violación de las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado salvadoreño, explicó Sara García de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, al señalar que la obligación del Estado es garantizar la vida, salud, dignidad e igualdad de las mujeres.
“Yo creo que este día, como organizaciones feministas y de derechos humanos salimos a las calles y vamos a la Asamblea Legislativa, para presentar la Reforma Beatriz, que tiene por un lado honra la memoria de ella por su aporte histórico en cuanto a derechos de las mujeres, pero también de garantizar la vida de las mujeres, las niñas y las personas gestantes”, señaló García.
Sobre la petición de la Reforma Beatriz, García agregó que no solo por el derecho reproductivo de las mujeres, adolescentes y niñas, si no también, por el personal de salud que ante la inseguridad jurídica, se sienten expuestos a sanciones en un proceso penal y no actúan con criterios médicos y científicos, frente a los casos de embarazos de alto riesgo.
La Reforma Beatriz propone adicionar al artículo 133-A, del Código Penal, que no merece castigo: El aborto realizado con el propósito de salvar la vida y preservar la salud de la mujer o persona gestante, con su consentimiento.
“El aborto realizado, con consentimiento de la mujeres o persona gestante, cuando exista una malformación fetal que haga inviable la vida extrauterina”, dice la propuesta y agrega: “el aborto realizado, cuando el embarazo fue producto de hechos criminales de violencia sexual como la violación agravada en niñas (art. 18 la LEPINA) y artículos 159 y 162 del Código Penal) y adolescentes por el delito de estupro (definido en los artículos 163/164 del Código Penal) y violación en mujeres adultas o personas gestantes (art.158 Código Penal)”.
“Lamentamos que este presidente (Nayib Bukele) siga sosteniendo posturas antiderechos, y siga utilizando ese tema como cortina de humo, para retroceder en otros temas de derechos humanos”, agregó García.
“Condenamos esa actitud en donde se está ignorando y está prácticamente vulnerando a toda la población de mujeres, niñas y adolescentes, al continuar la penalización absoluta”, finalizó García.
