Diario Co Latino 133 años informándote con credibilidad
Artículos relacionados
Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Integrantes de las organizaciones sociales de derechos humanos, víctimas y memoria histórica demandaron del Estado salvadoreño el compromiso de otorgar a las víctimas, familiares y sobrevivientes del conflicto armado para darles una respuesta, así como la pronta y cumplida justicia.
En conferencia de prensa, representantes de la Mesa contra la Impunidad en El Salvador; el Grupo Gestor y la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica, se pronunciaron sobre el caso de los Jesuitas, la masacre de El Mozote y las deudas pendientes en Justicia Transicional.
Sobre el caso Jesuitas, David Morales (Cristosal) señaló como un “juicio histórico” el proceso penal en la Audiencia Nacional de Madrid, en España, contra el militar en retiro Inocente Orlando Montano, acusado del asesinato de los seis sacerdotes jesuitas.
“El proceso reinicia este día con algunos de los testigos importantes como el teniente Yusshy René Mendoza, Lucía Cena y otras personas que seguirán a lo largo de la semana y unos expertos. Se trata de un juicio que si bien solo hay un imputado presente, existe todo un juzgamiento y reconstrucción de la estructura de la cadena de mando de la época, donde la más importante cúpula militar, operó así, para llevar a cabo la masacre de los padres Jesuitas”, explicó.
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en el contexto de la ofensiva, un grupo de oficiales y soldados salieron de la Escuela Militar, para invadir al campus de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) y ejecutar a los padres Jesuitas: Ignacio Ellacuría (rector), Ignacio Martín-Baró (vicerrector), Segundo Montes (director del IDHUCA), Amando López, Joaquín López y López y Juan Ramón Moreno; y a las trabajadoras Julia Elba y Celina Marisela Ramos.
De esos, nueve militares fueron procesados penalmente en 1991, declarando al coronel Guillermo Alfredo Benavides, director de la Escuela Milita -en ese momento- acusado de dar la orden de asesinar a los jesuitas, así como los tenientes Yusshy René Mendoza (oficial de la Escuela Militar), José Ricardo Espinoza Guerra y Gonzalo Guevara Cerritos, oficiales del batallón Atlacatl, según el resumen del caso del Informe de la Comisión de la Verdad.
Asimismo, esperan del sistema judicial nacional un trabajo ejemplarizante y constitucional a fin de superar la “deuda histórica” que siempre ha acompañado a estos casos y honrar la memoria de víctimas y sobrevivientes.
En cuanto a la masacre de El Mozote y sitios aledaños, el proceso judicial avanza en el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, caso que ha hecho visible la necesidad de contar con una Ley de Justicia Transicional y no obstaculizar la justicia, al colocar a las víctimas en el centro de la normativa, explicó Morales.
En El Mozote y sitios aledaños, en el departamento de Morazán, más de mil personas entre niñas, niños, mujeres y adultos mayores fueron retenidos por miembros del batallón Atlacatl, los que fueron divididos en tres grupos, para luego ser masacrados, sus casas destruidas y sus cultivos incendiados; iniciado el 11 de diciembre de 1981, por alrededor de cinco días, este crimen de lesa humanidad ha sido calificado como la más letal del siglo XX, según documentos oficiales.
También urgieron el avance con las investigaciones penales en los casos de niñas y niños desaparecidos, incluyendo a las hermanas Mejía Ramírez, desaparecidas durante la masacre de El Mozote y lugares aledaños. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso Rivas, 5 niños desaparecidos en 1982, por la falta de justicia interna y, de no cumplir el Estado salvadoreño, podría ser condenado de nuevo a nivel internacional.
Héctor Carrillo (FESPAD) afirmó que la Mesa contra la Impunidad plantea tres aspectos que consideran estratégicos, para avanzar en estos casos de crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas de la niñez en el marco del conflicto armado y la falta de justicia para sobrevivientes y víctimas.
“Hacemos un llamado al sistema de justicia, de manera particular a la Fiscalía General de la República, para dar la debida atención a más de los cien casos presentados a esta instancia para hacer justicia por las graves violaciones cometidas del conflicto armado y de esa manera llegar a la verdad y reparación, estableciendo garantías de no repetición de estos graves hechos que afectaron a la sociedad salvadoreña”, indicó.
En cuanto al órgano Ejecutivo y en especial al presidente de la República, Nayib Bukele, solicitaron el “fiel cumplimiento” a la Sentencia (44-2013) y otras resoluciones emitidas por la Sala de lo Constitucional en torno a abrir los archivos militares, situación que es fundamental para el acceso a la verdad y reparación en temas del conflicto armado, señaló Carrillo.
“Es fundamental e imprescindible que el presidente de la República abra los archivos militares para que las víctimas y la fiscalía pueda tener acceso, así robustecer los casos presentados ante esa instancia. Por esto pedimos al órgano Ejecutivo continuar con la comunicación iniciada con la Secretaría de las Naciones Unidas, para solicitar y mandar al país los archivos de la Comisión de la Verdad”, agregó.
Mientras, a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, demandaron la reprogramación a la brevedad posible de la audiencia de seguimiento en cuanto al cumplimiento de la sentencia (44-2013), audiencia programada para el 15 de abril pasado, que fue suspendida por la Emergencia Nacional por la pandemia de COVID-19, por ser fundamental sobre el cumplimiento de esa resolución de los tres órganos del Estado.
Las organizaciones expresaron su preocupación por el actual aumento del “enfoque militarista” de la seguridad pública, que más que militares en las calles, se experimenta el deterioro de la Policía Nacional Civil, una de las tres instituciones creadas luego de la firma de los Acuerdos de Paz (1992), que tenía el afán de garantizar la base de un Estado más democrático.
Consideran que esto termina anulando las libertades y los derechos humanos de la sociedad salvadoreña o de poblaciones vulnerables, con la visión de procurar “más seguridad”.
