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Para la Comisión Especial para América Latina y el Caribe (CEPAL), el impacto de la COVID-19 en múltiples aspectos económicos y sociales hace que la acción del Estado, a través de la política fiscal y de los programas de gasto público, cobren una mayor relevancia.
En su informe anual Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2020, expone que la política fiscal debe jugar un papel central en la mitigación del impacto social y económico derivado de la pandemia, además de proporcionar el impulso necesario para lograr una reactivación de la actividad económica.
La institución destacó la rapidez con que los países han reaccionado ante la crisis mediante la adopción de paquetes de medidas fiscales que representan, en promedio, un 3,2 % del Producto Interno Bruto (PIB) de los países de América Latina. Sin embargo, señaló que el manejo de la política fiscal en la actualidad se ve complejizado por un entorno macroeconómico poco favorable y altamente incierto.
“A los aumentos del endeudamiento público, observados durante la última década, se suma el hecho de que, debido a la pandemia, los países enfrentan caídas en la recaudación tributaria como consecuencia de la contracción en la actividad económica y menores precios de los productos básicos, mientras que las necesidades de gasto aumentan rápidamente para mitigar los efectos sociales y económicos de la pandemia”, expuso en su informe anual.
De acuerdo al documento, en los próximos meses, y ante el eventual levantamiento gradual de las medidas de confinamiento, los países deberán impulsar importantes medidas de estímulo fiscal, con el objetivo de contribuir a la reactivación de la actividad económica, la inversión y la creación de empleo.
