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Carta abierta al señor procurador de la Procuraduría de los Derechos Humanos

Rafael Cabrera Calderón
Contador Público

En el pleno uso de mis deberes ciudadanos y en atención a la presente situación que está viviendo la población salvadoreña resultante de la pandemia identificada como COVID-19 y por las decisiones del actual gobierno, es de imaginar la cantidad de denuncias recibidas por la Procuraduría relacionadas a la violación de los Derechos Ciudadanos.

La situación actual es desesperante y todos los hogares se han convertido en recintos carcelarios, y el temor y el miedo se han apoderado de los grupos familiares y muchos tienen miedo de salir a la tienda de la esquina a comprar algo necesario por el temor de ser detenido por algún cuerpo de seguridad.

Es toda una tragedia la que invade a las mayorías y el espíritu emprendedor de los salvadoreños, que normalmente desde temprano de todos los días corren a sus puestos de trabajo o a atender sus pequeños negocios se han visto paralizados y es de imaginar que según Estudios Especiales de nuestra situación social, miles de salvadoreños viven con menos de un dólar diario en situación normal.

El RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN decretado por el actual Gobierno de acuerdo a los profesionales de derecho, es inconstitucional. El artículo 29 de nuestra Constitución Política reza: “En casos de guerra, invasión del territorio, rebelión o sedición, catástrofe o epidemia u otra calamidad que genere perturbaciones del orden social, podrán suspenderse las garantías establecidas en la constitución, excepto cuando se trate de reuniones con fines religiosas, culturales, económicos, deportivos. Tal suspensión podrá afectar la totalidad o parte del territorio nacional y se hace por medio del Decreto Legislativo o Ejecutivo.

Pero surge la interrogante, nuestra nación no está en guerra, no se tiene rebelión ni seducción, ni catástrofe, ni tampoco se tiene declarada una EPIDEMIA porque de haberla la cantidad de fallecidos superaría los más de quinientos.

En otras naciones del mundo como resultado del desarrollo desbordante de la epidemia del COVID-19, los Gobiernos han tomado decisiones de acuerdo a la magnitud del desarrollo del virus, pero han procurado mantener un equilibrio entre las necesidades de la población y con programas de no descuidar sus economías.

En nuestra nación El Salvador se camina de mal en peor, se ha roto el orden económico que debe responder a principios de justicia social. Se han perdido los deberes y derechos ciudadanos, se ha paralizado totalmente la economía cerrando establecimientos comerciales y de servicios; se ha atentado contra la vida de miles de enfermos que requieren de una continua atención y de miles de mujeres en estado de embarazo. En los centros de internamiento no se han dado la debida atención generando la protesta de los internados y de sus familiares.

No es posible seguir viviendo así, la causa que ha motivado la actual crisis social no amerita tales decisiones. Los casos presentados relacionados a la pandemia parecen aislados. Los fallecimientos ocurridos en su totalidad no son producto del virus COVID-19, si no circunstanciales como el de la señora que estaba recluida en el Hospital Saldaña en tratamiento de tuberculosis, y del ingeniero al que se le descuido el tratamiento respiratorio y otros casos de dudosa aseveración.

Pretender justificar que una persona al salir de su casa va a infectar a muchos hermanos salvadoreños es toda una falsedad. Los hechos se tienen a la vista. En los centros penitenciarios de nuestro país están viviendo en un completo hacinamiento miles de compatriotas y a la fecha no se tiene ningún tipo de contagio. Por nuestras ciudades desfilan miles de hermanos que prestan sus servicios en entidades financieras, en negocios de servicios, farmacia, ferreterías y establecimientos comerciales de gran valía, y por todos los rumbos de nuestra nación son miles de elementos de los cuerpos de seguridad que desfilan  diariamente y a la fecha no han reportado ningún contagio.

Todo lo comentado mueve a pensar que quizás existe algún interés en mantener a la población en un mar de incertidumbre, y que a lo largo puede desencadenar en algo imprevisible.

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