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Bukele propone megaproyectos sin estudios de rentabilidad favoreciendo a privados como lo hizo Saca

Henry Barillas

Todo indica que los megaproyectos que propone el candidato de GANA pueden correr similar suerte que el puerto de Cutuco: megaobras que pueden quedar subutilizadas durante décadas, sin la posibilidad de ser rentables pero cuyo costo de mantenimiento corre a garantía del Estado. La única ventaja quedaría para los financistas, quienes lograrían colocar su capital y obtener durante años intereses, aunque las obras en sí no logran tener rentabilidad ni satisfacer la demanda de los usuarios.

La mencionada garantía del Estado consiste justamente en absorber todos los costos de mantenimiento de esas obras, mientras no se logra cubrir por ingresos de rentabilidad. Las proyecciones en el caso del aeropuerto del pacífico a penas dentro de 26 años (en 2045) podrían tener 1.1 millón de pasajeros, indica que su crecimiento será mucho más limitado que el actual aeropuerto, en donde en la actual administración en 5 años logró aumentar los pasajeros en 1 millón, gracias a obras de ampliación en las instalaciones existentes.

En el caso del tren (cuyo costo sería de unos 1,500 millones de dólares), en el plan no existen indicadores de algún estudio de factibilidad, el Estado tendría que brindar las garantías que en este tipo de proyectos de gran costo suelen dar los Estados a los grandes colocadores de capitales (a través de los llamados asocios públicos privados), quienes no corren con el riesgo de falta de rentabilidad si no tienen la garantía de obtener el ingreso de intereses de su capital. En otras partes del mundo también ocurre que los costos de transporte son tan elevados que el mercado de usuarios se reduce drásticamente, cuyo costo también suele recaer en el Estado, es decir, las finanzas públicas.

El mercado Cuscatlán es otro ejemplo de obra sin rentabilidad, altamente perjudicable para las finanzas públicas: primero, el Estado invirtió una gran cantidad de capital para remodelar un edificio de propiedad privada, cuyo dueño durante años no había logrado alquilarlo (por su desventajosa ubicación); luego el Estado asumió un contrato de alquiler durante 25 años, garantizando así al dueño (de la familia Saca) ingreso mensual regular, independientemente de la rentabilidad del inmueble, asumiendo el Estado las pérdidas. Además, el proyecto no cumplió con su finalidad inicial, que era brindarles a vendedores que antes estaban en la vía pública un espacio para desarrollar sus negocios, ya que hoy en día la mayoría de vendedores no ha mantenido su negocio en ese mercado porque no se vende y ya no se logra pagar el alquiler.

El gran perdedor del proyecto: las finanzas públicas y en concreto, el pueblo salvadoreño. Si acaso el Estado tratara de cancelar el contrato desventajoso, el socio privado podría demandar al Estado exigiendo indemnización por incumplimiento de contrato. Este tipo de obras sin rentabilidad era lo usual en la administración Saca, cuando el Estado estaba obligado a transferir decenas de millones a manos privadas a través de litigios por incumplimientos de contratos (caso Diego de Holguín, caso Cel-ENEL; caso Chaparral, en tiempo de Saca, etc.). Además: con todas esas pérdidas para el Estado, se podría garantizar más escuelas, medicamentos e invertir en prevención de violencias en los territorios. Todo indica que si Bukele llega al Ejecutivo podría emprender en grande lo que había practicado en pequeño cuando era alcalde en cuanto a proyectos sin rentabilidad y perjudicables para las finanzas públicas.

Si el próximo gobierno de El Salvador prioriza en obras públicas y en programas sociales y no en megaproyectos, con más o menos la mitad ($900,000) de la construcción de un nuevo aeropuerto y un tren que cruce más de 200 km en la costa, podríamos financiar el presupuesto de educación 2019, que es el más alto de la historia, también podríamos construir 10 hospitales totalmente equipados, 14 sedes de Ciudad Mujer y todavía nos sobraría para doblegar el presupuesto del programa “Jóvenes Con Todo” y reforzar el presupuesto de justicia y seguridad destinado a la mejora de la infraestructura policial. Será el pueblo que elija con criterio, si prefiere la opción de los megaproyectos para favorecer a la gran empresa privada o los proyectos y programas sociales para beneficiar a la mayoría de la población.

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