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En el artículo 246 de la Carta Magna se lee que “los principios, derechos y obligaciones establecidos por la Constitución no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio”, sin embargo, el presidente Nayib Bukele quiere reelegirse. Foto Diario Co Latino/Cortesía Archivo

“Bukele debe tener claro que ni su cargo ni su popularidad, le eximen de ser respetuoso de la Constitución”

Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino

Organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado ante la decisión del presidente de la República, Nayib Bukele, de buscar su reelección; ya que dicho acto va en contra de la Constitución de la República. La cual, si se consuma, el pueblo estaría en su obligación constitucional de una insurrección. “El presidente de la República debe tener claro que ni su cargo ni su popularidad, le exime de ser respetuoso de la Constitución. No hacerlo traerá consecuencias a todo el pueblo salvadoreño y a los funcionarios/as que tengan la osadía de semejante atropello constitucional”, manifestaron.

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Víctimas Demandantes y Excombatientes por la Democracia emitieron un comunicado, donde lamentaron la decisión de Bukele.

Según plantearon, hace siglos se establecieron las normas para regular la convivencia pacífica y armónica de las sociedades. Existen diversas jerarquías entre las mismas, siendo las constitucionales las supremas. En el país, el artículo 246 de la Carta Magna determina que “los principios, derechos y obligaciones establecidos por la Constitución no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio”; se agrega que la misma “prevalecerá sobre todas las leyes y reglamentos”.

También, existen otras disposiciones dentro de su texto en las que, además de prohibir la reelección inmediata de quien haya ocupado la Presidencia de la República, se “reconoce el derecho del pueblo a la insurrección, para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno”.

La insurrección de hecho, dijeron las organizaciones, “se considera que es obligatoria cuando se viola la alternabilidad en el ejercicio de dicho cargo”.

Para las organizaciones esas regulaciones constitucionales deben leerse en conjunto, de manera armónica y respetuosa para su exacta comprensión; “no se debe hacer una lectura retorcida, tergiversada, aislada o interesada como la expresada recientemente por el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, tras el anuncio del mandatario de postularse como candidato”

Y es que Ulloa se refirió acerca del primer ordinal del artículo 152 de la Cn. mediante el cual queda establecido que no podrá ser candidato a ocupar la primera magistratura de la nación quien la haya ejercido por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial. Sin embargo, Ulloa ha reiterado que a lo que se refiere el artículo es al periodo presidencial de Sánchez Cerén.

“Para entender correctamente esta disposición, la misma Constitución señala que en caso de necesitar una interpretación de su contenido se debe recurrir a los documentos históricos relacionados con el proceso realizado para redactarla; es decir, ´las grabaciones magnetofónicas y de audio video que contienen las incidencias y participación´ de los diputados constituyentes en su discusión y aprobación, ´así como los documentos similares que se elaboraron´ en la comisión que redactó el proyecto de nuestra ley fundamental vigente”, plantearon las organizaciones.

En ese sentido, las organizaciones expresaron su rotunda oposición a cualquier intento de que Nayib Bukele continue como presidente de la República durante cinco años más, “por ser una flagrante violación de la Constitución; es, asimismo, un atentado contra la forma republicana de gobierno”.

Por tal, hicieron un llamado para que la Carta Magna sea respetada y se restituya “la incipiente democracia que se venía moldeando a partir del fin de la guerra, para lo cual es necesario garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos.

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