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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) condenó que durante el Régimen de Excepción no sólo han capturado a pandilleros o personas vinculadas con grupos delictivos, sino ilegalmente han detenido y llevado a la cárcel a líderes sindicales y todo aquel crítico y opositor del gobierno. Sonia Urrutia, representante del BRP, denunció que entre las detenciones ilegales está el caso de Giovanni Aguirre, integrante de esa organización y miembro del sindicato de la alcaldía de San Salvador, quien una semana después de la marcha del 1o. de mayo fue capturado, sigue preso sin haber cometido delito, y que es un joven honesto, capaz y trabajador, con una hoja de vida intachable y sin vínculos con grupos delictivos.
“El gobierno arrestó a Giovanni por el solo hecho de ser opositor y de protestar contra este régimen totalitario y violador de los derechos humanos, quienes tienen relación y acuerdo con los grupos criminales, son algunos funcionarios del gobierno de Bukele, tal cómo ha sido demostrado por la prensa alternativa y de investigación”, afirmó.
Durante la marcha del 1o. de mayo el BRP responsabilizó al presidente Nayib Bukele de cualquier hecho de violencia cometido contra dirigentes y militantes del bloque, porque habían recibido amenazas de seguidores fanatizados del gobierno, quienes asumieron la retórica difamatoria del mandatario y el ministro de Trabajo, Rolando Castro, al acusarlos de marchar en defensa de los pandilleros, incluso, dejaron entrever que habría acciones represivas contra la organización. Urrutia exigió la inmediata liberación de Giovanni y también la de muchas personas presas ilegalmente desde el inicio del Estado de Excepción, pues esas gentes y sus familiares viven un calvario por culpa del presidente Bukele, quien ordena violar los derechos humanos y cuenta con la complicidad de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Órgano Judicial que está a su servicio.
Asimismo, detalló que entre los hechos cometidos por el gobierno los cuales representan serios retrocesos en materia de derechos humanos están, la detención ilegal y persecución política de ex funcionarios y dirigentes del FMLN; allanamiento y difamación a ONG’s que desarrollan proyectos en favor de las comunidades; persecución y agresiones verbales contra personas críticas a la gestión gubernamental.
El BRP también señaló que el gobierno ha cometido ataques y persecución a la prensa opositora; emitió decretos para prohibir mítines y marchas de protesta del pueblo contra el gobierno; despido injustificado de más de 10,000 empleados públicos incluyendo personas con discapacidad y mujeres embarazadas; no entrega de credenciales a 400 sindicatos que el ministro de Trabajo considera no son afines al gobierno; torturas y asesinatos de personas detenidas en el Régimen de Excepción dentro de los penales.
